Hace un par de días, durante su viaje a Colombia, el canciller Marcelo Ebrard publicó en su cuenta oficial de Twitter fotos y videos de la Librería Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económica en Bogotá. El funcionario conoció y recorrió el espacio cultural diseñado por el arquitecto colombiano Rogelio Salmona y señaló que es "im-pre-sio-nan-te", sin embargo cuando apenas acababa de colgar esas imágenes, más de uno le recordó que obviamente esa librería no la edificó la 4T sino el gobierno neoliberal panista encabezado por Felipe Calderón , pero no sólo eso, otros tantos le señalaron que se veía muy hermosa comparada con la librería Rosario Castellanos y, peor aún, con las librerías de Puebla y León, por ejemplo, donde los libros están súper empolvados, incluso le dijeron que son apenas unos changarritos de libros, y esa sí es una estrategia “popular” que les ha impuesto la administración actual del Fondo a todos los espacios donde la editorial mexicana comercializa a precios bajos sus libros de baratísima manufactura.
El cablebús también es cultura
Gracias a los oficios de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) nos enteramos de varios planes para 2022 del proyecto presidencial Chapultepec Naturaleza y Cultura, porque aunque la Secretaría de Cultura federal se compromete a entregar información, ésta nunca llega. La Sobse dio a conocer esta semana que entre las obras que realizará en 2022 estará el Cablebús Chapultepec, que tendrá cuatro estaciones: Metro Constituyentes, Constituyentes/Observatorio, Parque Cri Cri y Cineteca/Bodega Nacional. La obra tendrá una extensión de 5 kilómetros, y costará mil 800 millones de pesos que pagará la Federación. Si hasta ahora el sector Cultura ha tenido que destinar la cuarta parte de su presupuesto anual para las obras para Chapultepec, adivine usted, estimado lector, de dónde saldrá el dinero para el Cablebús de Chapultepec. ¿Será que los trabajadores de la Cultura podrán viajar gratis?
¿Creará el Conacyt una nueva Comisión Dictaminadora Especial?
Los cambios que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, hizo al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pese a las críticas de la comunidad científica, ya comienzan a generar estragos. Entre finales de 2020 y mediados de 2021, el Conacyt de la 4T modificó ese Reglamento en tres ocasiones. La última se dio a conocer el 28 de junio, cuando en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se publicó un acuerdo por el que se proponía derogar el Artículo 34 del Reglamento del SNI, que en ese momento decía: “Al publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal del Conacyt, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente”. En ese portal se recibieron más de 30 críticas que no fueron escuchadas por la funcionaria que dice estar abierta al diálogo, pues el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio, y de forma retroactiva, los que participaron en la evaluación del ingreso, permanencia o promoción en el SNI de 2021, fueron evaluados con nuevos criterios pese a haberse inscrito a la convocatoria donde estaban otros criterios. El resultado es que ahora muchos investigadores están inconformes con el resultado y varios ya consideran emprender acciones legales, es decir, además de la precarización para hacer ciencia con este gobierno, tendrán que dedicar tiempo para interponer amparos. Ya veremos si el Conacyt crea una Comisión Dictaminadora Especial como con el fiscal Alejandro Gertz Manero para resarcir su error.