“Decretazo presidencial, atentado contra el patrimonio del país”

El Acuerdo que agiliza obras de la 4T impactaría en la protección arqueológica y la cultura, consideran especialistas; INAH promete garantía de salvamentos

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Vista aérea de trabajadores que laboraban ayer en el salvamento arqueológico del tramo 1 de las obras de construcción del Tren Maya en Palenque, Chiapas. Fotos: Manuel López/ EFE.
Cultura 01/12/2021 23:53 Alida Piñón Actualizada 04:26
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El acuerdo, conocido como “decretazo presidencial”, por el que se determina que las obras de infraestructura de este gobierno serán consideradas de interés público y de seguridad nacional, publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, prendió las alertas de arqueólogos, investigadores y especialistas en legislación cultural pues, interpretado al pie de la letra, podría tener consecuencias para la conservación e integridad de los monumentos arqueológicos, paleontológicos, históricos y artísticos del país, empezando por los salvamentos que se realizan en el Tren Maya y en el aeropuerto en Santa Lucía

El primero en advertirlo fue Bolfy Cottom, experto en legislación del patrimonio cultural, quien, en entrevista con EL UNIVERSAL, advirtió hace unos días: “Si una obra se declara como de seguridad nacional, no hay manera de reclamar que se cumplan con plazos para proteger bienes arqueológicos y bienes paleontológicos. Y es que la obligación de las instituciones de otorgar permisos provisionales en los siguientes cinco días, como dice el acuerdo, va en contra de las disposiciones de la Ley de Sitios y Monumentos y de la Ley Orgánica del INAH”. Preocupación que el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, comparte.

El Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SNPICD-INAH) se sumó a la inquietud y el 25 de noviembre envió a la dirección del INAH un oficio para externar su gran preocupación: “Solicitamos se especifiquen claramente los alcances de este acuerdo para que no sea sujeto a interpretaciones por parte de cada institución, de lo contrario este ordenamiento pone en grave riesgo de destrucción los monumentos, ya que podría autorizarse una obra sin haber realizado los estudios previos y sin tomar las medidas de protección y conservación de los mismos”.

El Acuerdo declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, vías férreas, aeropuertos, entre otros, y los que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. En el Artículo segundo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior; tal autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud.

Si se ejecuta al pie de la letra el Acuerdo, dice el arqueólogo Gustavo Ramírez, secretario general del SNPICD-INAH, el peor escenario sería que en las nuevas obras los salvamentos arqueológicos ya no serán requeridos e “iniciarán las obras sin haber realizado los trazos, sin identificar los movimientos, sin hacer excavaciones que permitan la recuperación de contextos y evidencia arqueológica, sin las obras de protección como la desviación de las obras”.

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Los equipos especializados realizaron la recolección de piezas. 
 

“¿Qué pasaría entonces? Pues que el maquinista pasará por donde se le indique. Por eso nuestra preocupación es realmente grand”, dice Ramírez.

Susana Xelhuantzi, quien ha desarrollado investigaciones en el campo de la arqueobotánica por más de 40 años en el INAH, indica que este acuerdo presidencial, al no permitir los tiempos que establecen las leyes como la de Sitios y Monumentos, sería equivalente a hacer un saqueo. “Desde mi punto de vista es como decir que se permitirá un saqueo porque si se ponen a hacer obras con una autorización realizada en cinco días, pues no habrá tiempo para realizar un proyecto, ya no hablemos de hacer un salvamento o investigación con ese material. Digamos que dicen que rescatarán los vestigios, si están descontextualizados de todo un proceso de investigación, seguiríamos hablando de un saqueo, de un atentado que iría en contra de la protección del patrimonio arqueológico y cultural. No estamos diciendo que no se hagan obras, hablamos de la temporalidad que marca el Acuerdo”.

Gustavo Ramírez insiste: “Esperamos que no haya afectación a los salvamentos que ya están en curso y que ya están autorizados, es decir, Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles. Y también esperamos que en otros proyectos que puedan ser considerados de interés público y seguridad nacional, como el Tren Transísmico, no se deje de lado los trabajos de salvamento arqueológico".

El arqueólogo Omar Espinosa, quien se ha dedicado a la divulgación arqueológica, explica que un trabajo de investigación arqueológica exige un proceso que puede durar meses. “El proceso es muy complejo, vamos a decir que tú tienes una obra en una zona, llevas tu solicitud al INAH, se revisa en distintas áreas legales, llega a la Dirección General de Salvamento Arqueológico, se asigna a los arqueólogos y a un coordinador que tendrá que verificar ausencia o presencia de materiales, si no hay, se da el permiso; si sí hay, se hace un dictamen en el que se determina la magnitud del salvamento y si se establece que una vez realizado se puede liberar el predio o, en su defecto, se tiene que hacer una modificación del proyecto infraestructura. Esto aplica para todos, así sea un consorcio privado, el gobierno o si tú pondrás una cisterna en tu casa. Si hablamos de un predio pequeño, te llevas un año de trabajo en una área prioritaria, como lo es el centro de la Ciudad de México. Ahora, imaginemos todo esto aplicado al Tren Maya, en donde ya el INAH lleva ya dos años trabajando”, dice Espinosa.

El Acuerdo, añade, no sólo impactaría en términos de protección, también en la transparencia y divulgación del conocimiento. “Me preocuparía también que con este Acuerdo se abra también la posibilidad de reservar información y es que no es claro en este sentido”.

Arqueólogos consultados por este diario, quienes han preferido omitir su nombre dada la delicadeza del tema y por temor a presiones institucionales, consideran que el Acuerdo es “dramático” y que parece “una respuesta política y legal contra los enemigos de la 4T”. Además, si bien este ordenamiento no contempla los proyectos de terceros por obra civil como restauración de edificios, “todo puede suceder”.

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En la construcción del aeropuerto en Santa Lucía también ha habido rescates arqueológicos. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL.
 

También advierten que ya de por sí es complejo que los consorcios y gobiernos estatales y el federal hagan caso a la ley de Sitios y Monumentos.

Ayer, el director general del Instituto, Diego Prieto, sostuvo una reunión con investigadores adscritos al SNPICD-INAH, y garantizó que los salvamentos arqueológicos de Tren Maya y Aeropuerto continuarán normalmente, que el Acuerdo tiene por objeto buscar la agilización de los trámites, pero que de ninguna manera exime a las dependencias de cumplir con el trámite de Ley. También agregó que el INAH generaría autorizaciones previas condicionadas a la realización de los salvamentos arqueológicos respectivos y que, en caso de afectación, se procedería con las denuncias correspondientes.

Si bien la respuesta de Prieto fue bien recibida por algunos, Luis Alberto López Wario, investigador del INAH adscrito a la Dirección de Salvamento Arqueológico, advierte que el trabajo arqueológico no es para “recuperar objetos, piedras, huesos y artefactos”, sino para recuperar la información que no es otra cosa que “nuestra memoria social”.

“Si se ponen a hacer obras con una autorización en cinco días, no habrá tiempo para hacer un proyecto, un salvamento o una investigación”: Susana Xelhuantzi, Investigadora del INAH. 

“El acuerdo habla de ‘permiso provisional’, así que se asume que la obra va. Vamos a decir que un médico le dice que le tiene que cortar la pierna y luego le dice que se equivocó, así suena la respuesta. Se ha entendido que los salvamentos sólo permiten la preservación del bien y se puede continuar con la obra, pero las cosas no son así. Con el primer proyecto de línea 8 del Metro , en los 80, INAH negó el permiso porque afectaría el patrimonio, se hizo el salvamento para determinar si se podía o no seguir; ahora darían el permiso y si me afectas te denuncio, pues ya palo dado ni Dios lo quita”.

Se buscó un posicionamiento del INAH, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.

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