La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a que las bibliotecas que reciben el Depósito Legal —es decir la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca México—, no podrán poner las obras que reciban para consulta pública, sin la previa autorización de los titulares de derechos de autor, ha generado una nueva discusión en el gremio editorial y entre organizaciones que pugnan por el acceso libre, y se han planteado argumentos a favor y en contra.
Alejandra Quiroz, una de las bibliotecarias más propositivas, y Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), han puesto énfasis en la libertad de acceso a la información de los ciudadanos. Quiroz ha dicho que las editoriales, en su pobreza de pensamiento, ven a las bibliotecas como competencia, y que entre la Ley Federal de Derecho de Autor y los amparos contra la Ley General de Bibliotecas, “los editores le dieron la espalda a la libertad de acceso a la información desde las bibliotecas públicas”; García, ha señalado que la resolución de la Corte “hace inoperante y desfonda” la intención de la Ley General de Bibliotecas, con lo cual va a servir para muy pocos pues los productores entregarán sus materiales “con candados”.
La resolución ha generado incluso intercambios entre editores como Tomás Granados, director editorial de Siglo XXI Editores M y la escritora Mónica Nepote, cada quien apuntando sus argumentos y también dudas, mientras tanto en las redes sociales circula el Hashtag #BiblioTQM,que promueve el libre acceso a la información. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com).
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