Un mes después: ¿y los expedientes de Cervantes?

Salvador García Soto

Hoy se cumple un mes de que renunció a su cargo Raúl Cervantes; un mes de que la Procuraduría General de la República está descabezada, sin titular, en medio de la crisis más grave de inseguridad, violencia y procuración de justicia que haya vivido el país en la época reciente.

Y en 30 días desde que Cervantes se fue, en medio de acusaciones al Senado de utilizar su nombre para frenar la falta de acuerdo en las designaciones y reformas urgentes del nuevo modelo de procuración de justicia que le urge al país, nada se ha movido ni en el Congreso, donde los legisladores hoy se van de “puente revolucionario” de cinco días y siguen sin nombrar a ninguno de los fiscales que deben perseguir los delitos, ni en la PGR se avanza un milímetro en las investigaciones urgentes y de mayor trascendencia que dejó pendientes y, supuestamente con expediente y acusaciones integradas, el ex procurador que fuera bautizado como el fallido fiscal carnal.

Alberto Elías Beltrán, el polémico encargado de despacho, ha resultado lento e ineficaz y en un mes su única acción ha sido la polémica destitución, cuestionada y aparentemente ilegal, del fiscal para Delitos Electorales, Santiago Nieto. La cercanía y confianza que Beltrán tenía supuestamente con Cervantes, no se ha visto reflejada en el mínimo intento para activar las averiguaciones e investigaciones que su ex jefe afirmó haber dejado “concluidas y listas para ejercer acción penal contra presuntos responsables” en casos tan delicados y apremiantes como los sobornos de Odebrecht a funcionarios de Pemex, los presuntos desvíos millonarios en Sedesol a cargo del oficial mayor de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, además de avances que parecen haberse frenado, en el caso de las adquisiciones ilegales y a sobreprecios del software de espionaje Pegasus por varias áreas del gobierno federal.

Ninguno de esos expedientes que Cervantes afirmó, tanto en privado como en el Senado, haber dejado “concluidos” y con solicitudes elaboradas de órdenes de aprehensión, ha sido retomado por Elías Beltrán, que parece haber llegado al despacho que le fue encargado para “tapar” a presuntos acusados e investigados por su antecesor o para cumplir ciegamente las ordenes de Los Pinos, en donde parecen haberle pedido la destitución de Nieto y, al mismo tiempo, que pusiera a dormir los “expedientes incómodos” de Cervantes que tocarían a figuras del gabinete y a amigos cercanos del presidente Peña Nieto.

A esa extraña parálisis de la PGR se suma la incertidumbre y la falta de cohesión y de motivación al interior de la procuraduría y entre los mandos encargados de investigar los delitos y detener a los presuntos culpables. El descabezamiento y la pésima decisión del Presidente de aplazar la propuesta de un nuevo procurador al Senado, “por falta de condiciones políticas”, ha agravado la crisis de una procuraduría que se percibe casi agonizante y en la que, el cambio constante de titulares y los distintos nombramientos y rotaciones que se dieron desde la salida de Jesús Murillo Karam, y luego bajo el mando de Arely Gómez y de Raúl Cervantes, ha provocado una situación caótica y de falta de operatividad en una dependencia fundamental para el momento critico que está viviendo nuestro país en seguridad.

Hay, en el descontrol que vive la PGR, herencias de funcionarios fuertemente cuestionados como el subprocurador de Delitos Federales, Felipe Muñoz, cuya ineficacia en el cargo solo se justifica por su cercana relación con el influyente ex consejero de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, quien se lo recomendó a su primo Raúl para que lo llevara a esa posición, donde ha pasado prácticamente de noche.

Y para abonar la crisis interna, ayer varias mujeres que trabajan en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, SEIDO, hicieron una grave denuncia en la oficina del encargado de despacho, Elías Beltrán, para que investigue y castigue el “acoso sexual” y “maltrato laboral” del que dicen ser víctimas por parte del coordinador general de Servicios de Apoyo de la SEIDO, Enrique Valencia Lira. Según copias de escritos entregados por estas trabajadoras, Valencia las acosa con expresiones sexuales e insinuaciones y las invita a salir. Cuando no le hacen caso, dicen las denunciantes, les grita, las insulta y comienza a presionarlas con cambios de adscripción y bajas en sus plazas. Al acoso, las empleadas añaden una acusación de nepotismo contra el coordinador, quien tiene a su hermano Ernesto Valencia Lira trabajando como fiscal ejecutivo en la SEIDO.

Así de grave esta la descomposición en la PGR. No sólo no hay avance en la investigación y persecución de delitos, con todo y expedientes supuestamente ya integrados, sino que además permea la incertidumbre, el descontrol y ahora hasta acusaciones de acoso sexual a sus funcionarios. Esa es la procuración de justicia que heredará Peña Nieto a su sucesor: investigaciones detenidas, inconclusas y cuestionadas internacionalmente, como el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, impunidad y protección a los implicados en el caso Odebretch que en toda América Latina tiene a políticos y gobernantes en la cárcel, y una Procuraduría que, en su agonía, se convierte en un ente caótico y tapadera de corruptos y delincuentes.

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