La larga ruta de la coordinación

Manuel Vélez

Tomar decisiones y actuar de manera coordinada es el lugar común que adereza los discursos de las autoridades ya sea de seguridad pública, desarrollo social, medio ambiente o economía. En palabras mundanas, lo que entraña esta frase prefabricada es que nadie se vaya por su lado o como decimos coloquialmente aquí: “irse por la libre”.

Esta necesidad de actuar coordinado toma muchas formas en la práctica: instituciones burocráticas, mecanismos, protocolos, leyes, reglamentos, mesas de trabajo, consejos de administración, entre otras. Todas tratan de alinear los incentivos que podrían llevar a decisiones que no sean necesariamente las mejores para la colectividad, pero sí lo sean para los individuos u organizaciones aislados.

La seguridad pública no escapa de las fallas de coordinación. El origen de estas puede ser diverso y no excluyente: marco jurídico ambiguo, interpretaciones a modo del federalismo y de la determinación de competencias, inequidad en la asignación y distribución de recursos, jerarquías y estructuras burocráticas, normas sociales, desidia, entre otros factores.

Cuando ocurren fallas de coordinación en el ámbito de la seguridad pública, estas pueden estar presentes en los niveles estratégico, táctico y operativo. Los efectos de las fallas en cada nivel son diversos y pueden abarcar desde la conducción de una investigación o un operativo conjunto hasta la inoperancia de infraestructura tecnológica y compartición de información clave para la toma de decisiones.

La solución planteada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) diseñada por el gobierno federal y aprobada por la Cámara de Senadores es la implementación de un sistema de 3 coordinaciones: una nacional, 32 estatales y 266 regionales con estructuras orgánicas y funciones diversas, pero sin un marco legal que defina con precisión sus atribuciones, responsabilidades y el desempeño esperado de cada una. Cabe destacar que de las 266 coordinaciones regionales, se ha instalado únicamente el 56.4%, es decir, 150 de estas.

Este sistema se anuncia como un mecanismo inédito que permite la toma de decisiones diarias como el despliegue inmediato de Fuerzas Federales en Tijuana, Jalisco, Minatitlán, entre otras regiones. ¿Realmente esto no se hacía en administraciones previas o simplemente no se comunicaba? Además del despliegue de efectivos, la evidencia de las conferencias de prensa matutinas permite identificar que en las mesas de coordinación se realiza una especie de diagnósticos sobre lo que ocurre en estas zonas así como la instalación de bases de operación mixtas. Estas coordinaciones tienen un carácter eminentemente reactivo al buscar el aumento del estado de fuerza y contención de la incidencia delictiva.

En la conferencia de prensa convocada por el Observatorio Nacional Ciudadano donde se presentó el reporte Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes, se dio a conocer que este mecanismo de coordinación escapa de la normatividad que rige el actuar de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que por lo tanto, será difícil evaluar su desempeño e identificar qué intervenciones consiguen resultados perdurables y cuáles fracasan.

Puede que el impulso inicial del nuevo gobierno haya sido lo que faltaba para que todas las instituciones estatales y municipales se unieran con un mismo objetivo, pero vale la pena cuestionar si este ímpetu brioso de coordinación perdurará durante el sexenio. Esto depende de cómo los incentivos de los distintos participantes de las mesas de coordinación se alineen en el largo plazo. Hay que recordar que no son los mismos incentivos que persiguen los gobernadores, los delegados de programas estatales de desarrollo, los presidentes municipales que los mandos militares. ¿Qué pasará con el desempeño de estas coordinaciones cuando se aproximen elecciones?

Son dos los pendientes que deja el sistema de coordinación plasmado en la ENSP durante los primeros seis meses de gobierno. El primero: la rendición de cuentas. La estrategia establece que las coordinaciones estatales deben rendir un informe a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no define la periodicidad ni si estos serán públicos. El segundo: el acceso a Plataforma México. En las coordinaciones estatales, pueden acceder a esta infraestructura en tiempo real, no obstante, dada la delicadeza de la información, ¿tendrían que acreditar los controles de confianza? Abro el debate.

@VelezManuel
@ObsNalCiudadano
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano