Se ha nombrado al Primer Fiscal General de la República, una figura de investigación ministerial que espera estar acorde a los tiempos que marca la reforma constitucional que estatuye la oralidad de los juicios, el Código Único de Procedimientos Penales y la armonización de los 33 códigos penales emitidos por las legislaturas estatales y el federal que corresponde al Congreso de la Unión. Para nadie era desconocido que la terna fuera decorativa, dictaminada bajo controles formales que la técnica legislativa proclama como triunfalista; en eso, este régimen se parece a sus predecesores.

Pero una finalista había prendido la esperanza de los oaxaqueños. La “yameritocracia” (pertenezco a un grupo selecto de profesionales y si ellos me banquean me debo atener a esa determinación) estaba por encender ese mechero que olímpicamente, se argüía entre los pasadizos secretos de las redes sociales, ella se iba a llevar de calle. No fue así. La perspicacia de Alejandro Gertz Manero, una figura de Estado por su conocimiento sobre la indulgencia que concede el régimen a los acusados que se fabricaron en el pasado o la que se le otorga a las personas acusadas por ser víctimas colaterales de delincuencia articulada, así como la disposición de impedir que la “prisión preventiva” sea una medida cautelar clásica que los fiscales aplican en tono amenazante, todas estas razones lo colocan en el número uno de la terna presentada ante el Senado Federal.

Eva Verónica de Gyves Zárate, oriunda de la región del Istmo de Tehuantepec, pudo ser la primera mujer que ocuparía ese puesto, haciendo el contrapeso efectivo en materia de justicia de género que las directrices convencionales en materia de Derechos Humanos ya le han exigido a México. Andrés Manuel López Obrador, con su parsimonia que lo caracteriza, e inaugurando un gobierno de 30 millones de ciudadanos que lo eligieron, tiene esa tarea pendiente con la democracia que ya le ha reclamado, por ejemplo, a las heroínas vacantes en el logotipo del Gobierno de México.

Las instituciones encargadas de elegir al Fiscal General de la República, escamotean el puesto si siguen persiguiendo la meta de obtener al mejor profesional del Derecho. Ya no es necesario. Ahora una persona sin estudio formal o proveniente de profesión diferente al Derecho lo debiera ocupar sin prejuicios. Esta figura en realidad debe volver a sus alcances originales: generar el mejor criterio para instrumentar las investigaciones tendientes a aportar justicia no sólo en materia de clasificación de comportamientos nocivos para la sociedad, sino en trabajar para aportar elementos de justicia social (aquella no pedida, no exigida, pero existente).

Eva de Gyves legitimó un proceso que de otra manera hubiera carecido de legalidad. Dos figuras grandes lo acompañaban en este sendero que al final se dictaminó y no la benefició. El arreglo a los fines propuestos para esta terna, dejaron entrever que la mujer sigue siendo una asignatura pendiente para las instituciones de alto calado, pero también pudimos notar que Eva de Gyves manejó su comparecencia ante la cámara alta con la cautela que raya en la sumisión sin considerar que muchos senadores provienen de elecciones inéditas. Senadores de nuevo cuño, aún y con la “disciplina parlamentaria” a la que se deben, eran caldo de cultivo de resistencias a la hora de que se les impusiera a Gertz Manero o Bernardo Bátiz. La “legitimación” se usa en el argot político como un arreglo previo a la insaculación legislativa y se considera una práctica viciosa tendiente a imponer la voluntad al legislador, que en este caso es el senatorial. Pero es propio del abogado legitimar para ascender, muy cercana a la expresión de “abogado segundón” que John Henry Merryman le destina a los profesionales del derecho que buscan un sitio en la carrera judicial.

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