Uno de los aspectos más criticados del Plan Nacional de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentado el miércoles 14 de noviembre es la creación de una Guardia Nacional. El objetivo era militarizar al país: los soldados son pueblo uniformado; las fuerzas públicas civiles son incapaces de prevenir y combatir el delito; se debe crear una Guardia Nacional con disciplina, jerarquía, escalafón y mando de las fuerzas armadas con capacidades de contención, prevención, investigación del delito y detención de personas. Este Plan se presentó justo el día previo a que la Ley de Seguridad Interior –que también buscaba militarizar al país- fuera declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un mes después, el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el 21 de diciembre tuvo una pequeña variación, estableció una administración mixta de la Guardia Nacional. Otorgó a la Secretaría de la Seguridad la planeación, programación y ejecución de funciones; y mantuvo en la Secretaría de la Defensa Nacional la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación. Pese a la modificación, el reclutamiento, entrenamiento, doctrina, y responsabilidad siguen siendo militares, por lo que el mando efectivo también lo es. Además, se incluyó el artículo 5º transitorio que otorga el mando de la Guardia a la Secretaría de la Defensa por 5 años.

Todo esto pese a que prácticamente todos los especialistas e incluso los gobernadores que participaron en los foros celebrados el 12 de diciembre y en las audiencias desarrolladas entre el 8 y el 13 de enero explicaron que la reforma significa la legalización de la militarización permanente del país, lo que es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos y a la constitución misma.

Ante la postura crítica a la militarización del país vía la Guardia Nacional, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en su participación en las audiencias sobre este tema en la Cámara de Diputados, anunció que el presidente solicita al Congreso replantear la iniciativa a fin de que la Guardia Nacional tenga mando civil, a la par que confirmó en su cuenta de twitter: el objetivo es que la Guardia quede adscrita a la estructura de la Secretaría de Seguridad, por lo que ya no es necesario el artículo 5º transitorio.

El miércoles 16 de enero arranca un periodo extraordinario en el Congreso donde se discutirá este tema. Suponiendo que la Guardia Nacional ya será completamente civil, entonces no es necesario reformar la constitución. Lo mejor es abandonar ese dictamen, olvidarse de la Guardia Nacional y refundar un cuerpo policiaco al interior de la Secretaría de Seguridad semejante a lo que entre 1999 y el 2009 fue la policía federal preventiva, que cumpla con las funciones que se querían otorgar a la Guardia. Suponiendo que esta sea la ruta, aún quedan puntos pendientes por discutir: ese cuerpo ¿se conformará con militares y marinos como estaba planeado inicialmente? ¿Qué facultades tendrá? ¿Podrán investigar delitos? ¿Serán primeros respondientes? ¿En qué condiciones podrán detener personas?

Si lo que nos preguntamos es ¿cómo construimos paz en México?, la militarización permanente del país era parte del problema. En cambio, la creación de un nuevo cuerpo policiaco profesional puede ser parte de la solución.

Twitter: @LDVazquezV

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