Busqué a dos ex directivos de Pemex de la administración de Enrique Peña Nieto para que me dieran su punto de vista sobre la estrategia del nuevo gobierno en contra del huachicoleo. Uno de ellos, del más alto rango, se sinceró: “Ni nosotros ni las administraciones anteriores supimos combatir el robo de combustible, que requiere de una estrategia integral y coordinada desde la Presidencia”.
Entonces, ¿lo está haciendo bien Andrés Manuel López Obrador ?, le cuestioné. “Es un tema muy complejo por todos los intereses que están involucrados, desde comunidades enteras hasta políticos y trabajadores de la empresa, pero lo que sí creo que es un acierto es que el Presidente lo vea como una prioridad”, expuso.
El mea culpa del ex directivo refuerza la hipótesis de que los gobiernos anteriores, particularmente el de Enrique Peña Nieto, dejaron crecer –por omisión– el huachicoleo que desangra a Pemex cerca de 60 mil millones de pesos al año, según estimaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una pista de los beneficiados por este ilícito la dio hace unos días el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto , quien dijo que se abrieron cinco carpetas de investigación en contra de un ex trabajador de Pemex, un ex diputado local, un ex presidente municipal y empresarios relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de gasolina robada.
Según datos de Pemex, el número de tomas clandestinas pasó de 136 al final del sexenio de Vicente Fox , a mil 635 al concluir el de Felipe Calderón , y se dispararon a 12 mil 581 al cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto .
Otro ex directivo de Pemex, que acusó improvisación del nuevo gobierno en su estrategia de combate al huachicoleo, también reconoció que el problema fue ‘ignorado’ por el expresidente Peña Nieto. “No lo consideraba una prioridad y aunque había instrucciones a la Marina, el Ejército y la Policía Federal de ayudar al combate del ilícito, nunca se logró una buena coordinación. Así es imposible tener éxito, porque es una red criminal muy compleja”, dijo.
Los dos ex directivos consultados exponen que, entre muchos otros escándalos por el pésimo manejo de la empresa, fue durante la gestión de Emilio Lozoya (2012 a septiembre de 2015) cuando se descuidó más el combate al huachicoleo, a pesar de que se compraron aeronaves que fueron entregadas en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional para la vigilancia de los ductos en los estados donde hay mayor incidencia de robo de combustible.
Lozoya adquirió un avión tipo Cessna Citation Sovereign 680, modelo 2009, por el que Pemex pagó 15.5 millones de dólares, y un Gulfstream Aerospace G-550, fabricado en 2010, con un valor contable de 599 millones de pesos.
El argumento de la compra de estas aeronaves, a sobreprecio, era fortalecer la supervisión en las zonas de incidencia delictiva en materia de robo de hidrocarburos.
No obstante, en febrero de 2017 la Auditoría Superior de la Federación publicó un documento con irregularidades, entre ellas vuelos injustificados en dichos aviones por parte de directivos como Emilio Lozoya y su ex jefe de oficina, Froylán Gracia .
En enero de 2018, Pemex reconoció que las aeronaves representaban un gasto importante con altos costos de mantenimiento, consumo de turbosina y primas de seguro. “Estos recursos pueden ser aprovechados en otros rubros de gasto o inversión para la línea de negocio y la consecución del objeto de la empresa”, reconoció Pemex en un documento interno fechado el 15 de enero de 2018, pocos días después de que su último director general en la administración peñanietista, Carlos Treviño , tomara control de la empresa. El 28 de diciembre de 2017, José Antonio González Anaya renunció a la dirección general de la petrolera para asumir el cargo de secretario de Hacienda.
A pesar de que González Anaya es considerado el mejor director de la empresa productiva del Estado durante la pasada administración, su experiencia en Hacienda no fue suficiente para aplicarla en la inteligencia financiera como lo está haciendo el nuevo gobierno. ¿O también fue por omisión y por su amistad con Carlos Romero Deschamps ?
Posdata.
Hablando del líder del sindicato petrolero, corre la versión de que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde , no le ha aceptado la toma de nota, por lo que no tendría nombramiento oficial como representante sindical. Así, las conversaciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero , con el ex senador del PRI tendrían la finalidad de lograr un acuerdo: que se vaya antes del simbólico 18 de marzo y no lo perseguirán.
@MarioMal
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