“Si una ley obligase a los ciudadanos a ir todas las mañanas a la comisaría para recibir una patada en el culo, nadie faltaría y los retrasados tomarían un taxi”.
Pitigrilli
López Obrador, el presidente más poderoso en la historia contemporánea del país, piensa que algunas leyes fueron hechas para beneficio de los poderosos y el consecuente sometimiento a los que menos tienen. Puede ser que tenga razón, puede ser, también, un elemento más en sus métodos populistas. Sea como sea, hoy tiene el poder de cambiar esas leyes injustas.
López respaldó un presupuesto que incluye, clarito, más de dos mil millones de pesos para el programa de estancias infantiles que hoy considera lleno de corrupción y quiere desaparecer, quizá no lo hizo desde la discusión del presupuesto porque habría mandado una pésima señal al mercado, ya de por sí ciscado con la cancelación del aeropuerto, al establecer una norma que regala dinero con fines electorales y manda al caño un exitoso programa, con reconocimientos internacionales, de estimulación a la primera infancia… Había que fingir poquito, López sabe bien torear a los mercados y a la realidad (hasta que llegue el momento en que ya no lo sepa).
López mandó a su secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, a elaborar un censo a cargo de sus fanáticos, ¿mascotas?, en donde descubrieron que más de 90 mil niños, de los 300 mil que se beneficiaban de las estancias, eran fantasmas. El censo estuvo amañado, se hizo de manera ajena a la ley, pero no importa, la palabra de López pesa más que la ley, así que decidió cancelar el programa, mandar al diablo a las estancias y repartir los más de dos mil millones de pesos autorizados en el presupuesto entre los padres de los niños que antes eran cuidados y educados por profesionales.
López ordenó a su secretaria violar la ley y su secretaria ha obedecido a pie juntillas, ¡faltaba más!
López minimiza que más de cuatro mil afectados se han amparado y que un juez ha ordenado a Albores que se publiquen las reglas de cómo recibirán recursos las estancias, no los padres de familia, es el recurso de un programa aprobado en el presupuesto que no se puede cambiar a capricho del ganso.
López tiene poco interés en hacer cumplir la ley, así, igualito, a cuando perdió el caso del predio del Encino, que le costó el desafuero y por poco lo pone en prisión.
López no permitirá que su secretaria cumpla la orden del juez y la consecuencia podría ser la destitución y la eventual aprehensión de su empleada.
López no es ingenuo y sabe que podría sacar un gran provecho al escándalo, al grado, de proponer la desaparición de la Suprema Corte de Justicia y colocar, en su lugar, un Tribunal Constitucional a modo.
López se parece mucho a los populistas bananeros de la trasnochada izquierda latinoamericana.
De Colofón.- Ahora que tan de moda está culpar a los medios de chayoteros y de sus cercanías con el poder, valdría la pena recordar aquél perdón fiscal a Televisa en 2013 por más de 3mil millones de pesos… “Ponte al corriente”, se llamaba el programa.