La crisis venezolana

En marzo de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro asumió la presidencia provisional y convocó a nuevas elecciones en Venezuela. En un proceso electoral cuestionado por sus resultados, la coalición gobernante encabezada por Maduro ganó la presidencia con apenas una diferencia de 1.4% de los votos frente al líder opositor, Henrique Capriles. Sin embargo, a la mitad del mandato presidencial, la oposición obtuvo una clara mayoría en la Asamblea Nacional al ganar 112 de las 167 diputaciones. Con ello, se configuró un gobierno dividido en Venezuela.

Con la fuerza obtenida durante las elecciones legislativas, la oposición activó la solicitud de un referendum revocatorio en 2016 e inició la recolección de firmas en todo el país. Acatando resoluciones de tribunales regionales dominados por el oficialismo, que argumentaron fraude en la recolección de firmas en la etapa de promoción, el Consejo Nacional Electoral suspendió el procedimiento. La suspensión agravó la crisis política en Venezuela.

Ante la inminente pérdida de poder político, una crisis económica profunda y la confrontación con la Asamblea Nacional, en 2017, Maduro promovió una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución. La oposición se negó a participar y la elección se celebró en un clima dominado por el encarcelamiento de lideres opositores y el reclamo de fraude electoral. Inclusive, Smartmatic, la empresa encargada del sistema de voto electrónico, denunció la manipulación de la participación, que según cifras oficiales registró apenas el 41.5%.

La Asamblea Constituyente, de mayoría oficialista, sustituyó en sus atribuciones a la Asamblea Nacional al asumir facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes del Estado. Con ello, Nicolás Maduro retomó el control y la agenda política del país. En 2018, Maduro ganó la elección presidencial con 67.8% de los votos y la tasa más baja de participación en décadas. Los comicos se desarrolaron sin observación internacional y con la denuncia de irregularidades que incluían la inhabilitación de candidatos, el impedimento de participación de partidos opositores y la compra de votos.

Días antes de la toma de posesión, países integrantes del Grupo de Lima -con excepción de México-, algunos integrantes de la Unión Europea y 19 países de la Organización de Estados Americanos, a través de una resolución, desconocieron la presidencia de Maduro. El pasado 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó "presidente encargado" de Venezuela. Con la interpretación de diversos artículos de la constitución venezolana, el joven diputado de 35 años juramentó el cargo prometiendo encabezar un periodo de transición que culminaría con nuevas elecciones. La mayoría de los países de América Latina, Canadá y Estados Unidos han reconocido la autoridad de Guaidó. Bolivia, Cuba, Turquía y Rusia, entre otros países, mostraron su respaldo a Maduro. México y Uruguay se pronunciaron por un diálogo entre las partes, mientras España, Francia, Alemania y Reino Unido dieron una semana a Maduro para convocar a elecciones, antes de reconocer a Guaidó.

La crisis venezolana evidenció la fragilidad en que han vivido las instituciones de representación política en ese país. Maduro ha gobernado mediante decretos, desconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional, subordinándola a una Asamblea Constituyente que se ha prolongado como medio de control político. Ante la crisis institucional, las voces opositoras al régimen han sido encarceladas, destituidas o exiliadas, en el mejor de los casos.

La salida de la crisis venezolana no es un asunto fácil. Cualquier acercamiento entre el gobierno y la oposición deberá considerar como uno de sus primeros objetivos el restablecimiento del orden constitucional. Un primer paso es la celebración de elecciones libres y justas con garantías democráticas y observación internacional. México haría bien en acompañar ese proceso.