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De forma cotidiana, se tiene la percepción de que el proceso electoral sólo es responsabilidad de las instituciones electorales; sin embargo, esta percepción es cierta parcialmente, debido a que en realidad las instituciones del Estado mexicano —de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes públicos—, participan y son responsables de que la elección se desarrolle en condiciones de institucionalidad democrática, gobernabilidad, seguridad, paz y estabilidad social, así como en el marco de un clima que abone al debate cívico de la diversidad política.
En ese marco se inscriben las acciones que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) desarrolla con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) para acercar la función del Ministerio Público especializado a la ciudadanía antes, durante y después de la jornada electoral. Con esta estrategia se tendrá presencia y capacidad operativa en las 32 entidades del país para brindar atención inmediata ante denuncias en materia penal electoral, y a la vez para inhibir los delitos y abonar a las condiciones de confianza pública en la elección.
El despliegue ministerial sólo es posible con la articulación de capacidades de instancias federales, estatales y municipales en las materias electoral, de seguridad, de justicia y de gobierno. Por ello, se trabaja de la mano con la Policía Federal, el Instituto Nacional Electoral (INE), los tribunales electorales y los OPLE de las 32 entidades, así como gobernadores, secretarios generales de gobierno y de seguridad pública, fiscales o procuradores estatales, y fiscales especializados en delitos electorales, policías estatales y municipales, y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar).
Cientos de miles de servidores públicos de las administraciones públicas federales, estatales y municipales, estarán prestando sus servicios el día de la jornada electoral para que cada persona pueda ejercer su derecho soberano a elegir a los gobernantes desde sus preferencias y en libertad.
Se trata, por un lado, de una acción concertada en todo el territorio para brindar certeza y confianza a la ciudadanía, y por otro, de acciones especializadas en materia de justicia penal electoral para contribuir a la legalidad y legitimidad de la jornada electoral.
En el despliegue ministerial de justicia penal electoral participarán los agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Ministerial en las 32 entidades, en coordinación con autoridades locales y federales, en especial con procuradurías y secretarías de seguridad pública, así como con policías municipales.
Todo el estado de fuerza de la Policía Federal Ministerial de la PGR se reportará en funciones en las delegaciones y subdelegaciones estatales para atender cualquier eventualidad, y la Policía Federal desplegará elementos para acompañar estas labores.
Se trata del trabajo de instituciones que se unen y coordinan para dar vigencia a la responsabilidad del Estado con la legalidad y la legitimidad de la elección. La ciudadanía es protagonista. Que cada persona vote en libertad y bajo sus preferencias, es un acto de afirmación de la soberanía popular, es ahí donde inicia y se recrea toda democracia posible, en el voto libre de coacción y condicionamientos.
Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales
