En lo que va de la gestión de María Elena Álvarez-Buylla, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene un total de 685 juicios de amparo que trabajadores, investigadores y miembros de la comunidad científica del país han interpuesto ante la institución, según consta en los registros de la Subdirección de Procesos Judiciales del Conacyt.
De los 685 juicios de amparo interpuestos entre el 3 de diciembre de 2018 —cuando Álvarez-Buylla asumió el cargo— y el 11 de noviembre de 2022 , 386 juicios se encuentran ante diversos Tribunales Colegiados en espera de que se resuelva el recurso de revisión principal, 288 demandas de amparo se encuentran en trámite; hay siete juicios en los que interpusieron el recurso de inconformidad, y sólo cuatro asuntos se encuentran en cumplimiento de sentencia ejecutoria.
A través de una solicitud de información mediante Plataforma Nacional de Transparencia , con fecha 11 de noviembre de 2022 y con número de folio 12100/2783/2022, que da respuesta al requerimiento 330010922000956, la subdirectora de Procesos Judiciales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Conacyt, Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, se conoce que las demandas de amparo provienen de 17 entidades del país.
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Foto: Solicitud de información a la Plataforma Nacional de Transparencia, con folio 12100/2783/2022, en respuesta al requerimiento 330010922000956.
Foto: Destaca un amparo en cumplimiento de sentencia, de un profesor del Tec de Monterrey, Erick Heredia Olea, que pudo rebatir su cese del SNI.
La Ciudad de México ocupa el primer lugar, con 275 juicios de amparo , seguido por Puebla, con 229; y en tercer lugar Jalisco, con 94 demandas.
Pero también hay juicios de amparo interpuestos en Baja California (20), Yucatán (16), Nuevo León (14), Guanajuato (7), Sinaloa (4), y Aguascalientes, Chihuahua, Sonora y Chiapas , con al menos tres casos por entidad.
“Los juicios que se han presentado ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el periodo de gestión de la directora María Elena Álvarez-Buylla, es decir de 2018 a la fecha, registrados en la Subdirección de Procesos Judiciales, al momento de la atención de esta solicitud, son un total de 685 juicios de amparo, de los cuales 288 juicios se encuentran en trámite, 386 juicios se encuentran ante diversos Tribunales Colegiados, en espera de que sea resuelto el recurso de revisión principal, 4 asuntos se encuentran en cumplimiento de sentencia ejecutoria y en 7 juicios se tramitó recurso de inconformidad”, informa la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt ante la solicitud de información.
Entre los principales motivos de amparo predominan las causas administrativas que tienen que ver los cambios al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores ( SNI ), adeudos de becas de posgrado, reducción de sueldos, cancelaciones de renovación de convenios en el SNI, pero también negativas del Conacyt a refrendar convenios con investigadores que pertenecen a universidades privadas, anulación de servicios médicos y falta de pago de prestaciones, e incluso procesos “mal realizados” sobre una destitución como investigador por acusaciones de plagio y autoplagio.
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Los cuatro años cumplidos en diciembre pasado de la gestión de la doctora Álvarez-Buylla al frente del Conacyt, además de la larga estela de amparos, están marcados por los recortes a la ciencia, las denuncias y protestas de la comunidad, la destitución e imposición de funcionarios en los Centros Públicos de Investigación como el CIDE, el INAOE y el CICY , y modificaciones a reglas y reglamentos en los programas de posgrados, al Sistema Nacional de Investigadores y otras áreas del Conacyt. Así como por la propuesta de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que envío al Congreso el mes pasado.
La comunidad científica cuestiona que sus decisiones estén guiadas no por la visión científica sino por la visión política de la 4T y del Presidente. De ahí que varios amparos provienen de investigadores del CIDE, en la Ciudad de México; el INAOE, en Puebla; y el CICY, en Yucatán, quienes han hecho extensivo el grito: “¡Álvarez-Buylla. La ciencia no es tuya!”
Radiografía de las quejas
Las 685 demandas de amparo interpuestas por trabajadores y miembros de la comunidad permiten tener una radiografía de la administración en materia científica de los últimos cuatro años. Las demandas por recortes a becas, sueldos, programas y proyectos destacan entre los 685 casos. Hay quienes se han tenido que amparar ante la cancelación de convenios para mantenerse como parte del Sistema Nacional de Investigadores, como es el caso de una profesora-investigadora nivel 1 de la Universidad Cristóbal Colón , quien obtuvo un amparo tras el recurso de inconformidad con expediente 883/2020 pues el juez determinó discriminación y violación a sus derechos humanos, tras el argumento del Conacyt que señaló que no podía renovar el convenio debido a “la imposibilidad de celebrar convenios con instituciones de educación superior privadas, derivado de diversas complicaciones presupuestarias”.
O ese otro caso de un investigador de Coahuila que logró el cumplimiento de sentencia a su favor, cuando le resolvieron de manera definitiva su permanencia en el SNI derivado de un recurso de inconformidad con número de expediente 1464/2018.
Sin embargo, no todos han sido casos sencillos. Hay un amparo en cumplimiento de sentencia, de un profesor del Tecnológico de Monterrey, Erick Heredia Olea , quien fue echado del SNI acusado de plagio y autoplagio; sin embargo, logró rebatir la decisión tomada por la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores, cuando era dirigido por Mario de Leo Winkler.
También ha habido demandas de amparo por parte de investigadores de reconocida trayectoria, como Rossana Reguillo (por cambios al reglamento SNI) en un amparo interpuesto en Jalisco; y Francisco Bolívar Zapata (por reducción de sueldos), interpuesto en Morelos.
En el caso de Reguillo, el cumplimiento de sentencia fue en contra. No prosperó su alegato contra los cambios al reglamento del SNI, el juez determinó, entre otras cuestiones: “que la quejosa tiene nombramiento de investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores, con vigencia prorrogada hasta el dos mil treinta y seis, con distinción de investigadora nivel tres hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiocho, cuyo estímulo económico es hasta esta última fecha; pero no se desprende que se haya emitido algún acto o elaborado un convenio modificatorio que altere los derechos que ostenta la quejosa, en aplicación a las normas reclamadas” ni que “ha resentido afectación a su esfera jurídica por la emisión del algún acto en aplicación de las normas reclamadas.”
En cuanto al amparo que interpuso el doctor Francisco Gonzalo Bolívar Zapata , se encuentra en estatus “Pendiente de que se resuelva el recurso de revisión”, aunque comenzó en 2019, es a razón de que solicita “la suspensión en contra de los actos reclamados” al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados , ambas integrantes del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistente en “El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”; así también reclama “todos los efectos y consecuencias que se deriven de dichos actos legislativos” en su perjuicio, sin que hasta ahora haya alguna resolución.
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De entre las 685 demandas de amparo interpuestas ante el Conacyt, la Unidad de Asuntos Jurídicos enlistó 10 casos en los que no precisa datos de Juzgado ni entidad donde siguen su curso; así también se encuentra un caso más en el que no hay datos para la consulta de la información pública, pero señala que tiene impacto en toda la República.
Foto: Acta de resolución y datos generales del expediente de amparo contra cambios al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.
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