En 2026, la discusión sobre crecimiento económico en México ya no puede separarse de una realidad básica: la mayor parte del empleo y de la actividad productiva depende de empresas que siguen operando con restricciones estructurales. Las pequeñas y medianas empresas concentran la mayor parte del empleo en el país y una proporción relevante del valor agregado en sectores clave. Sin embargo, lo hacen con acceso limitado a financiamiento, brechas de productividad y altos costos de cumplimiento.
El entorno macroeconómico ofrece señales mixtas. El mercado laboral se mantiene sólido, con tasas de desempleo en niveles históricamente bajos. El salario mínimo registró un aumento relevante en enero, con efectos visibles en el consumo interno, y el tipo de cambio ha mostrado estabilidad. Al mismo tiempo, persisten presiones en costos como energía, transporte e insumos. Para muchas Pymes, la liquidez sigue siendo un tema estructural. En este contexto, crecer sin comprometer la operación se vuelve un ejercicio de precisión.
Es aquí donde Plan México entra a la conversación como algo más que una narrativa de desarrollo. El plan busca fortalecer la inversión productiva, consolidar cadenas de valor nacionales y reducir brechas que hoy limitan el crecimiento. La pregunta relevante para 2026 no es si la intención es correcta, sino si los instrumentos están diseñados para resolver los cuellos de botella reales de las Pymes.
Uno de esos cuellos de botella es el financiamiento. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (Enafin 2024), una minoría de las Pymes cuenta con acceso a crédito formal, y sólo una fracción logra obtener nuevo financiamiento en períodos recientes. Esta restricción no solo limita la expansión; también reduce la capacidad de absorber choques de costos, cumplir contratos de mayor escala o invertir en productividad. En diversas economías comparables, los niveles de crédito empresarial superan los observados en México.
Si Plan México quiere incidir en esta variable, debe pasar de la intención al diseño técnico. Los esquemas de garantía parcial enfocados en crédito productivo son un primer paso. Garantías públicas que cubran entre 30% y 50% del monto del crédito, condicionadas a proyectos verificables de capital de trabajo o activos productivos, permitirían ampliar la originación sin relajar estándares. El impacto debe medirse con claridad: crecimiento del crédito Pymes como porcentaje del PIB y reducción en la tasa de rechazo de solicitudes formales.
Un segundo instrumento es el fondeo dirigido con criterios operativos, no patrimoniales. Muchas Pymes quedan fuera del crédito por no contar con colateral físico, aun cuando tienen flujos comprobables. Canalizar fondeo a través de intermediarios financieros bajo criterios que privilegien información fiscal, historial de pagos y desempeño operativo ampliaría el universo financiable. Aquí importan métricas simples: tiempo promedio de autorización y proporción de créditos otorgados sin garantías reales tradicionales.
El tercer reto es la productividad. El aumento salarial representa un avance social, pero exige un ajuste paralelo en eficiencia. El Plan México puede tener impacto si vincula incentivos fiscales y financieros a mejoras medibles de productividad, como reducción de tiempos operativos, adopción tecnológica efectiva o mayor trazabilidad financiera. No se trata de subsidiar tecnología, sino de condicionar beneficios a resultados verificables. La métrica relevante es el crecimiento de la productividad laboral en las Pymes beneficiarias frente a empresas comparables.
Un cuarto elemento es el acceso a mercados. La mayoría de las Pymes opera con pocos clientes, lo que incrementa su vulnerabilidad. La integración a cadenas de valor más amplias requiere algo más que voluntad empresarial. Necesita información, estándares y capital. El Plan México puede actuar como articulador si combina plataformas de vinculación empresarial con esquemas de financiamiento asociados a contratos, pedidos o certificaciones. El éxito debe medirse por el número de Pymes integradas a cadenas formales y la recurrencia de contratos con clientes de mayor escala.
Estos instrumentos no son nuevos en el papel. Su impacto ha sido limitado por ejecución fragmentada y ausencia de métricas claras. La diferencia en 2026 estará en la capacidad de alinear financiamiento, productividad y acceso a mercados bajo reglas simples y evaluables. En una economía donde las Pymes sostienen el empleo, remover estas restricciones no es un tema sectorial. Es un asunto macroeconómico.
Para las Pymes, el año exige orden financiero, claridad de proyectos y disciplina operativa. Para los responsables de política pública, exige foco. Plan México no se evaluará por su ambición, sino por su capacidad de traducirse en instrumentos que funcionen en la operación diaria. En un entorno donde la estabilidad ya no garantiza crecimiento, la diferencia la marcarán las políticas que entiendan cómo operan realmente las empresas que sostienen la economía.
* Director ejecutivo de Banco Covalto
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