Aprovechando la pandemia por Covid-19, diversos grupos de cinco hasta 80 personas realizan toma de casetas en carreteras de manera ilícita poniendo en riesgo a usuarios y personal que labora en estos lugares, dijo Marco Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios en Infraestructura Vial.

“Son grupos que en su mayoría se dedican a esta actividad, exclusivamente se conforman para realizar la toma de casetas y otros se escudan en supuestas causas sociales que son una fachada para cometer este delito”, explicó.

Actualmente, las entidades más afectadas son Jalisco, Estado de México, Michoacán y Nayarit, esta última reporta tomas permanentes desde finales de 2019.

La toma de casetas tuvo un punto de inflexión en 2017. Antes de la elección presidencial se incrementó el número de estos actos y las entidades, posteriormente disminuyó, pero resurgió en 2019.

“Nuevamente empieza a notarse como un problema de gran magnitud, porque grupos aprovechan la contingencia para seguir cometiendo este ilícito”, dijo Frías.

La toma de casetas es un negocio muy rentable para estas personas, por lo que se conforman para llevar a cabo esta actividad, ya que controlan la plaza de cobro y a través de coerción y hasta violencia, obligan a los usuarios a pagar una cantidad “voluntaria”.

“Todo depende de la plaza de cobro, no es lo mismo tomar la caseta de Tlalpan que una autopista de menor afluencia”, explicó Frías.

En días pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer el fallecimiento de dos cajeros de Caminos y Puentes Federales (Capufe) por Covid-19; sin embargo, el directivo aseguró que la enfermedad de estos empleados no está relacionada con esta toma de casetas ni con el desarrollo de su labor.

Reconoció que estos grupos son un riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y sus bienes, para los operadores de las casetas, a la inversión, al Estado de derecho y a la salud pública.

Afortunadamente, del lado de operadores y concesionarios privados hay saldo blanco en infectados y fallecimientos por coronavirus.

Piden más operativos

Para hacer frente a estos grupos, el director de la asociación dijo que trabajan con las autoridades de manera constante, incluyendo la SCT, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional.

“Se ha establecido un formato de denuncia único, existe mayor coordinación local con las autoridades, el año pasado se instrumentaron operativos en algunas casetas”, detalló Frías.

El directivo espera que estos operativos se repliquen con el objetivo de que las casetas operen con normalidad: “Ahí hay una ventana de oportunidad importante. Este tipo de operativos se tiene que complementar forzosamente por la acción legal contra quien toma casetas”.

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