La inversión es hoy uno de los grandes problemas estructurales de México. Tras un sexenio de crecimiento insuficiente, el panorama para el gobierno de Claudia Sheinbaum no luce alentador. La persistente crisis de seguridad, la inestabilidad que podría traer la renegociación del T-MEC y lo que algunos anticipan como una caída en popularidad, que pinta menos impermeable que la de López Obrador, complican la capacidad del gobierno para reactivar la confianza empresarial y atraer capital.
En este contexto, el impulso económico vuelve al Plan México, una estrategia ambiciosa en metas, pero hasta ahora limitada a lineamientos generales y buenos deseos. Consciente de ello, el gobierno anunció la creación de un nuevo Consejo para la Promoción de Inversiones, integrado por 18 de los empresarios más influyentes del país, desde Carlos Slim hasta Carlos Hank González. En principio, son buenas noticias. El mensaje es claro, fortalecer y renovar el diálogo con la iniciativa privada y coordinar grandes apuestas de infraestructura y relocalización.
Pero ningún consejo, por estratégico o poderoso que sea, puede compensar unas bases institucionales deterioradas. Estos consejos funcionan como mesas de coordinación, pero no corrigen los factores que realmente definen la confianza de los inversionistas: la calidad del Estado de derecho, la certidumbre regulatoria y la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. La reciente reforma judicial minó la autonomía del Poder Judicial y abrió espacios a la discrecionalidad e incompetencia. A esto se suma el cambio en la Fiscalía General de la República, que en la práctica termina con su independencia. Ambos procesos profundizan el deterioro institucional de un país donde las reglas cambian según las necesidades del partido en el poder. Esto se refleja en la creciente presión del Estado sobre voces críticas y opositoras, así como en la impunidad que parece extenderse a casos cercanos al gobierno.
En el fondo, el desafío de la inversión no se resolverá con la creación de nuevos consejos, sino con un proyecto de país que recupere los pilares básicos de una democracia liberal y republicana: contrapesos, autonomía institucional, seguridad, respeto a la ley y garantías jurídicas para la propiedad y los contratos. Con una reforma electoral aún en el horizonte, que, si sigue la lógica de la judicial, podría inclinar aún más la cancha para la competencia democrática, el riesgo de seguir deteriorando los pilares de la inversión es grande.
El empresario mexicano puede adaptarse, negociar y colaborar, pero no puede sustituir a un Estado que renuncie a defender el Estado de derecho. Incluso el empresariado mejor intencionado avanza solo hasta donde las instituciones lo permiten. Si México aspira a convertirse en un destino global de inversión, como promete el Plan México, el camino va más allá de los consejos empresariales, parte de reconstruir el marco democrático y jurídico que hace posible la competitividad. Los empresarios deben colaborar, en la medida de lo posible, e intentar obtener los mejores resultados para el país en el corto plazo, pero sin perder de vista que el problema del crecimiento económico es de fondo, que depende del modelo de país que nos planteamos hacia el futuro.
* Profesor del área de Entorno Político y Social, IPADE Business School.
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