Inaceptable, el tema de supervisión, dice Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, rechazó “tajantemente” la intención del gobierno de Estados Unidos de incluir, como parte del T-MEC, el envío de supervisores que verifiquen en México la aplicación de las leyes laborales, insistencia que “va contra la buena voluntad” con la que se había llegado a acuerdos.

Sin embargo, en caso de que eso se apruebe en el Congreso estadounidense, México tiene los mecanismos para contrarrestar esa medida y puede rechazar una misión de ese tipo, dijo.

Monreal Ávila emitió su postura sobre el diferendo desatado luego de que el viernes el gobierno estadounidense enviara a su Congreso la Ley de Implementación, que incluye la designación de cinco agregados laborales para monitorear la reforma en la materia en México.

El sábado pasado, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, indicó que esa iniciativa de ley fue un tema no aceptado en la adenda del T-MEC y es una medida unilateral.

Monreal Ávila respaldó esa posición y aseguró que es “totalmente inaceptable, ya que implica un mecanismo adicional al estipulado en el T-MEC”.

Aunque esto no se encuentra en el texto del tratado, sino de una regulación interna de Estados Unidos, “la mayoría en el Senado rechazamos tajantemente la intención de que la Ley de Implementación incluya esta disposición, al tratarse de una medida que, por no haber sido consultada ni acordada con México, resulta inaceptable y va contra la buena voluntad y el espíritu con que fueron firmados el T-MEC y el protocolo modificatorio”.

Expuso que el tema sí lo puso Estados Unidos en la mesa, pero fue rechazado por el gobierno federal y el Senado.

La contrapropuesta mexicana fue utilizar paneles con jurisdicción regional para solucionar controversias laborales y de todos los otros sectores, y esto fue lo que se aceptó, precisó.

Añadió que aun si se avalara la propuesta de los inspectores, se cuenta con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 7 establece que el Estado receptor “podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable”.