Ante la imperante necesidad de recursos financieros y la falta de una reforma fiscal integral, los procesos de auditoría fiscal realizados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han incrementado de manera importante, tanto en número, como en montos cuestionados; específicamente en materia de precios de transferencia, ya que, de acuerdo con el SAT, la recaudación en dicha materia se incrementó 367% en el periodo de 2019-2024, respecto al periodo 2013-2018.

Estos procesos de fiscalización se han especializado de manera relevante por varios factores, destacando la detallada información de los contribuyentes con la que cuenta la autoridad, los modelos de riesgo sofisticados, así como la especialización de los funcionarios del SAT.

Las revisiones cuestionan todo tipo de operaciones realizadas por las empresas, enfocándose en temas de materialidad, estricta indispensabilidad, duplicidad, precios de transferencia, entre otros.

Es también común que se practiquen auditorías a los mismos contribuyentes por los mismos conceptos en ejercicios continuos, lo cual deriva en presiones adicionales para las empresas por el desvío de recursos materiales y económicos para hacer frente a estos procesos tan complejos y tardados en resolverse. Todo ello en un contexto de actividad económica débil, como lo han reportado los resultados del Indicador IMEF de enero y febrero de 2026.

Estas auditorías incrementan sustancialmente el riesgo financiero para los contribuyentes por las potenciales correcciones fiscales que se determinan, la incertidumbre de lo cuantioso que pueda resultar el crédito fiscal, incluidas multas, actualizaciones y recargos, la obligación de realizar provisiones en estados financieros, la disminución en rentabilidad, presiones en flujos de efectivo y capital de trabajo y repercusiones adicionales como afectaciones en su mercado, competencia, créditos bancarios, percepción del consumidor, planeación estratégica y crecimiento.

En adición, las empresas deben considerar el costo de la asesoría de los especialistas (abogados, contadores y economistas) para llevar estos asuntos a buen término, lo cual es esencial si el contribuyente quiere salir bien librado del proceso de auditoría y con esto evitar procesos litigiosos con las complicaciones que pudiesen representar en el nuevo entorno del poder judicial.

Se suma a lo anterior el hecho de que a partir de este año la forma de garantizar el interés fiscal se reformó de manera importante, representando una carga económica para las empresas, que posiblemente no sea factible solventar, ya que se debe garantizar desde el recurso de revocación.

Cabe mencionar que el impacto financiero en las empresas ante una eventual revisión por parte de la autoridad fiscal es muy relevante, lo cual puede tener repercusiones muy serias, como poner en riesgo la viabilidad y continuidad del negocio. Esto, sumado a la ya mencionada contracción económica del país, representa retos relevantes para las organizaciones.

Por todo ello, la importancia de que las empresas desarrollen mecanismos y políticas internas, revisen esquemas de operación, funciones y riesgos que permitan gestionar de manera anticipada y preventiva la forma de operar el negocio, evitando caer en cuestionamientos por parte de la autoridad que deriven en auditorías y eventualmente créditos fiscales cuantiosos.

Además de esta gestión anticipada, es importante que se registren las decisiones del negocio y se concentre la documentación donde estas se expliquen y justifiquen, con el objetivo de estar bien protegidos ante una eventual revisión.

*Integrante del Comité Técnico Nacional de Precios de Transferencia del IMEF

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