Con la iniciativa de reforma al sector eléctrico están en el filo de la navaja 32 contratos con generadores de electricidad privados, sobre todo de productores independientes de energía, que suman, de acuerdo con datos de la CFE, 1.6 billones de pesos.
Los recursos están comprometidos para la compra de electricidad y cubren lo que resta de esta administración federal y dos décadas más.
Al anular el modelo de contrato de los independientes, “se elimina el compromiso de comprarles energía eléctrica en los términos firmados en administraciones pasadas, precios y cargos fijos y variables que se establecieron en contratos de compra-venta y que representan para la empresa eléctrica una fuerte carga financiera”, dijeron fuentes del sector energético.
Además, “la empresa estatal subirá a los cables la electricidad en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del SEN”.
Gonzalo Monroy, consultor del sector energético y director general de la firma GMEC, indicó que el gobierno federal va con todo en el caso de los productores independientes, “está en el ánimo de no negociar nada”, pero tendrá que enfrentar los efectos de los cambios de la ley propuestos en la iniciativa.
“Los primeros contratos firmados con generadoras independientes, entre 1997 y 2004, consideraban cambios en la ley que permitían renegociar sin los cargos de capacidad, únicamente por la energía entregada y no deberían ser un problema.
“Con los independientes de segunda y tercera generación, construidos después de estas fechas, los contratos no incluyen cambios en la ley y señalan que en caso de terminación anticipada por parte de CFE, la empresa estatal tiene que comprar el valor remanente de la planta más los flujos y es ahí donde está una ‘bomba’ que es difícil de desactivar y es ahí donde tiene que pagar indemnización sí o sí”.
Actualmente, los productores independientes que hay tienen metas anuales comprometidas por 12 mil 653.7 megawatts que deben entregar a la CFE.
De acuerdo con la empresa estatal, hay compromisos de pago con estos generadores por compra de energía eléctrica de 269 mil 185.9 millones de pesos entre 2022 y 2024, los cuales tendrán que ser negociados.
Desde octubre de 2020, el gobierno estaba buscando negociar dichos contratos.
Al comparecer ante el Senado el 27 de octubre del año pasado, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, advirtió que buscaría “renegociar los contratos que norman la compra de electricidad que hacen los privados y los que establecen la transmisión de electricidad de particulares, pues son desventajosos para los intereses del Estado”.
En febrero de este año, EL UNIVERSAL publicó que el gobierno federal tenía en la mira los millonarios contratos de productores independientes.
El proceso de negociación no se concretó porque los cambios propuestos a la LSPE tampoco se concretaron, de ahí que el Ejecutivo recurra a la reforma constitucional del sector eléctrico.
En el esquema de independientes, la española Iberdrola es el mayor generador privado de electricidad de México.
Para 2022, de acuerdo con el calendario de pagos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la CFE deberá pagar a Iberdrola 12 mil 392.7 millones de pesos de siete centrales.
Pero para 2023, el monto se elevará a 30 mil 392.7 millones de pesos, lo que obligó al gobierno a incluir en la reforma eléctrica la desaparición del modelo de contrato independiente.
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