El sábado 3 de enero, Estados Unidos removió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cerrando un ciclo que, junto con su antecesor Hugo Chávez, se extendió por más de 28 años. Desde entonces, el debate se ha concentrado en las causas y consecuencias de este hecho, así como en sus implicaciones para la geopolítica global.
Uno de los ejes de la discusión ha sido la industria petrolera venezolana y no es casualidad: Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Se ha especulado sobre la posibilidad de que empresas petroleras estadounidenses participen en la recuperación de la industria, lo que ha generado movimientos erráticos en los precios de las acciones de esas empresas.
Más allá del discurso político, vale la pena preguntarse si, desde una lógica estrictamente económica y financiera, este “botín petrolero” resulta realmente atractivo.
Recuperar la industria petrolera venezolana requeriría inversiones masivas. Las cifras más conservadoras hablan de alrededor de 10 mil millones de dólares anuales durante una década, otros cálculos elevan el monto total hasta los 180 mil millones de dólares para regresar a los niveles de producción de los años noventa.
Con estas inversiones, se supone que se podría aumentar la extracción desde el nivel actual cercano a un millón de barriles diarios hasta entre 2.5 y 3.4 millones de barriles diarios en un plazo de diez años.
Con base en estos supuestos se modelaron dos escenarios de inversión: uno con un desembolso de 100 mil millones de dólares para aumentar la producción en 1.5 millones de barriles diarios, y otro más ambicioso, con una inversión cercana a 180 mil millones de dólares para elevar la producción en 2.4 millones de barriles diarios.
Incluso considerando supuestos optimistas, como costos de extracción sostenidos en $16/barril, un precio de la mezcla venezolana (Merey) a un 83.5% del precio del barril de mercado (WTI) e incrementos de la producción desde el primer año de inversiones, los resultados no son alentadores.
En el análisis a 10 años, la tasa interna de retorno (TIR, la medida de rentabilidad más usada en valuación de proyectos) es de 3.5% para el escenario 1 y negativo ( -4.4%) para el escenario 2.
Solo al asumir una perpetuidad en los flujos del año 10 (que los resultados de ese año se mantengan “para siempre”) aparecen TIRs atractivas de 28% y 22% respectivamente, al menos en apariencia.
Sin embargo, aquí surge el verdadero obstáculo: el riesgo país. Venezuela cerró 2024 con un riesgo país superior a 200%. Incluso tras los acontecimientos de enero de 2026, en los momentos más optimistas estuvo en 80%. Hoy ronda 95%. Un nivel muy superior incluso a los rendimientos más optimistas que arroja el proyecto, de 28% en el mejor de los escenarios. En ese contexto, no existe proyecto privado razonable que justifique inversiones de miles de millones de dólares, por más grandes que sean las reservas petroleras.
Esto explica por qué, pese a la narrativa del “gran premio” energético, los mercados han reaccionado con cautela. El problema de fondo no es geológico ni técnico, sino institucional y financiero. Sin un marco jurídico confiable, estabilidad política y reglas claras de largo plazo, el petróleo venezolano seguirá siendo una riqueza atrapada bajo tierra.
La recuperación de la industria petrolera no depende solo de capital y tecnología, sino de algo mucho más difícil de reconstruir: confianza. Ojalá que, por el bien de los venezolanos, ese proceso comience cuanto antes.
Profesor de Dirección Financiera IPADE Business School
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