A la espera de un cierre de año complicado y perspectivas no tan favorables para 2023, algunos gobiernos locales se adelantaron y subieron impuestos estatales y municipales antes de que acabe este ejercicio fiscal.
Algunos no esperaron a incluirlos en iniciativas de leyes de ingresos del siguiente año para que sus congresos locales aprueben cambios tributarios, mientras otros ya lograron autorizar nuevos impuestos para entrar en vigor a partir de 2023.
De acuerdo con la directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Macías, las medidas que están tomando algunos gobiernos locales obedecen a que, al igual que todo mundo, están enfrentando la alta inflación.
“Están viendo que los recursos no les alcanzarán, y están reconsiderando el discurso federalista para fortalecer sus ingresos propios”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
En el caso del gravamen aprobado en Baja California, mejor conocido como impuesto sobre nómina, se aplica al pago de sueldos por parte de un patrón con ciertas excepciones, como son las actividades de exportación de bienes o servicios, y operaciones de maquila, con algunas salvedades.
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Así, se impondrá una nueva sobretasa de 1.25% al impuesto referido que se suma a una ya existente de 1.20%, con lo cual, según fiscalistas de EY, se establece una tasa de 1.8%. Con ello, se aplica una tasa de 4.25% sobre el total de pagos realizados por concepto de nómina y equivalentes.
Si bien esta sobretasa fue aprobada para los meses restantes de este año, está pendiente si prevalecerá durante 2023 como parte de la Ley de Ingresos para ese ejercicio, misma que está por discutirse y aprobarse.
Los expertos de EY comentaron que Baja California emitió un decreto mediante el cual se establecen ciertas exenciones al alza de 1.25% de la sobretasa, dependiendo de la industria y el número de trabajadores, por lo que se pide analizar su impacto en cada caso en particular. Lo anterior para ver, entre otros, algún impacto al entorno de negocios y, en su caso, evaluar las bases legales para interponer algún medio de defensa.
Más predial en San Pedro Garza García
El municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, logró que el Cabildo avalara un aumento de 13% al impuesto predial para 2023.
Durante el presente año dicho gravamen se incrementó 25% para este municipio del área metropolitana de Monterrey, que se distingue por el alto poder adquisitivo de sus habitantes. El incremento se aplicará en dos años: 6.5% en 2023 y el resto en 2024.
Sin embargo, para condominios verticales, el aumento se aplicará en su totalidad el próximo año.
Cálculos de la Tesorería de San Pedro arrojan que 25% de los expedientes catastrales no tendrán el incremento en el predial, debido a que se aplicarán subsidios en 18 sectores con población vulnerable, junto con el Casco San Pedro y el Distrito Centro Valle.
En opinión de Macías, del CIEP, aumentar el cobro del predial puede ser una buena noticia, pero debería ir acompañado de la actualización del catastro para evitar que el impuesto recaiga en los mismos contribuyentes. Sin embargo, es una decisión que se valora, porque no cualquier gobierno local la toma, por los costos políticos, destacó.
Ecológicos en Guanajuato
En Guanajuato ya se aprobaron nuevos gravámenes para 2023, llamados impuestos ecológicos de remediación.
El primero es un impuesto ambiental por la emisión de gases contaminantes de 250 pesos por tonelada emitida de bióxido de carbono.
También estará vigente otro impuesto para contaminantes al suelo, subsuelo y de agua con una cuota impositiva de 25 y 100 pesos por cada 100 metros cuadrados afectados, y por cada metro cúbico dañado que se desechen o descarguen.
Un impuesto más se aplicará al depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos con una cuota de 100 pesos por cada tonelada, y cuya liberación en el ambiente pueda ser constituyente tóxico o peligroso para la salud humana, ecosistemas o equilibrio ecológico.
Al mismo tiempo se darán estímulos a los impuestos ecológicos de remediación ambiental, a través de los cuales los contribuyentes podrán obtener una reducción de 20% en dichos gravámenes, en caso de que disminuyan las emisiones, depósitos o almacenamientos de residuos.
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