Más que satanizar a los activos virtuales como el bitcoin, el Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI ) dice que se debe reconocer su existencia global , así como los riesgos que conllevan.
Por eso fue el primer organismo en establecer estándares para poner un piso parejo y evitar que sean utilizados con fines como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo .
“No creo que sea un tema de satanizarlos o no; los activos virtuales existen a nivel global. Insisto, es una perspectiva global, no de una jurisdicción en concreto”, aseguró la vicepresidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo.
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En entrevista con EL UNIVERSAL, la primera que ofrece a un medio mexicano, habló sobre el reto de implementar los estándares fijados por el grupo sobre activos virtuales en todos los países.
La mexicana, quien fue reelegida para seguir en el cargo para un periodo más, que va a partir de hoy y hasta al 30 de junio de 2023 en el grupo antilavado , adelantó que el 5 de julio se dará a conocer el reporte global de activos virtuales.
De Anda
Madrazo
refirió que de las 128 jurisdicciones más la Comisión Europea que respondieron a esta solicitud de insumos, en 58 se tiene el marco legal para regular y supervisar al sector, y 36 de ellas ya emitieron licencias.
Se encontró que hay más de 24 mil prestadores de servicios de activos virtuales con licencias o registro en diferentes jurisdicciones del mundo; 29 jurisdicciones están revisando que se cumpla con esta regulación en sus dominios y en 18 se han emitido sanciones a prestadores de servicios de activos virtuales por incumplimiento de las regulaciones en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.
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“Sin duda, el camino es largo e incipiente, pero vemos que el número se ha multiplicado al doble del año pasado a este año, y es una mejora importante”, reconoció.
Lo que es un hecho, afirmó De Anda Madrazo, es que es un sector que presenta beneficios como transacciones más rápidas y de menor costo, pero que también conlleva riesgos, los cuales son muy claros. Por lo tanto, se deben emitir estándares, y de ahí la importancia de su implementación.
“La determinación en GAFI en 2019 fue que pondríamos los estándares para que hubiese un piso parejo a nivel internacional, que no fuera usado para efectos criminales”, ponderó.
Andamiaje institucional
La funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP ), primera mexicana en ocupar un alto cargo en el GAFI , explicó que el grupo antilavado tiene dos componentes en la evaluación para los países.
Por una parte está el componente técnico, que tiene que ver con todo el andamiaje institucional y legal de un país, que son las 40 recomendaciones en materia de prevención de blanqueo .
“De alguna manera, podríamos decir que son las herramientas que debe tener un país para contar con un efectivo sistema de combate al lavado de dinero y prevención al financiamiento al terrorismo”, recalcó De Anda Madrazo.
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También se evalúa la implementación de esos estándares, es decir qué tantos resultados están dando.
“Vemos que muchos países tienen un andamiaje institucional legal robusto y completo; sin embargo, cuando viene la implementación, no hay resultados o hay pocos”, mencionó.
Por eso, en 2012 se analizaron y se reformaron los estándares y procedimientos de evaluación del GAFI para cubrir los dos componentes.
México
Hace tres años, en el reporte del GAFI que es una “una radiografía” de cómo estaba México en materia de cumplimiento en ese momento, publicado en enero de 2018, se analizó tanto el componente técnico como el de efectividad, mencionó De Anda Madrazo.
Explicó que los procedimientos de GAFI estiman que al tercer año tiene que venir una recalificación del componente técnico y, al quinto año, se empiezan a analizar los avances en efectividad.
Lo que se ve hoy es únicamente una recalificación del componente técnico, precisó con relación al reporte que se dio a conocer a principios del mes pasado.
En ese sentido, lo que los evaluadores analizaron fue el andamiaje legal e institucional de México, en donde se dieron notorias mejoras, destacó.
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Fueron seis recomendaciones las que subieron de calificación, y el resto mantuvieron la calificación que tenían anteriormente, mencionó De Anda Madrazo.
Además, comentó que es importante, porque cuando GAFI analiza un proceso de recalificación , también ahonda en aquellas recomendaciones que han sufrido cambios desde que se hizo el último reporte.
De las seis recomendaciones que subieron su evaluación en este reporte que se publicó el 15 de junio destaca la número 8, que tiene que ver con las organizaciones sin fines de lucro.
“En México antes se consideraba que no había suficientes regulación y supervisión en este sector y que no se hacía de manera adecuada basada en riesgos para determinar cuáles eran las que efectivamente podían tener un riesgo”, refirió. En concreto, con el tema del financiamiento al terrorismo.
Destacó que en el país el financiamiento al terrorismo es muy menor; sin embargo, el andamiaje institucional tiene que ser igual de robusto para todos los países, y por eso se determinó que había mejoras importantes.
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Otra recomendación que subió fue la número 10, que la funcionaria consideró que es muy importante porque que tiene que ver con la diligencia del cliente.
“En concreto se analizó que las instituciones financieras tienen la obligación no sólo de la debida diligencia al cliente sino durante la vida con el cliente la tienen que estar actualizando constantemente”, matizó.
En la número 12, relativa a las personas políticamente expuestas , hubo una actualización del listado que publica la SHCP , que define cuáles son los cargos y las funciones públicas que están sujetas a un mayor riesgo de lavado de dinero, en especial de corrupción , y es ahí donde se incluyeron los cargos a nivel municipal, cargos dentro del ejército y en las empresas paraestatales sujetas a riesgo.
Por lo tanto, las entidades del sector financiero y las actividades vulnerables en el sector no financiero, al tratar con estas personas políticamente expuestas, que pueden ser nacionales o extranjeros, tienen que tener una debida diligencia más sofisticada, advirtió.
En la recomendación número 15 relacionada con las nuevas tecnologías , también fue calificada a la alza; tiene que ver con la Ley Fintech que si bien fue publicada hace ya varios años, no había surtido efectos y entró en vigor en el último reporte que se publica en enero de 2018 y el corte de caja se hizo en marzo de 2017.
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“Muchos de estos cambios, con la Ley Fintech, y obligaciones de los sujetos de hacer un análisis antes de sacar un nuevo producto o servicio, está incluido y calificado al alza en ese sentido”.
Por lo que toca a la recomendación 16, sobre transferencias electrónicas , los cambios relativos que se calificaron al alza son que la transacción tiene que viajar con la información desde el origen del beneficiario final.
“Es una obligación que no se tenía antes y con ello se cumple de manera completa”, subrayó.
La última es la recomendación número 17 que es cuando las instituciones financieras utilizan los servicios de un tercero para hacer parte del cumplimiento de sus obligaciones, y cómo es que la responsabilidad se mantiene en la institución financiera.
Es decir, pueden subcontratar el servicio de esas acciones, pero la responsabilidad recae en la institución financiera y en la debida diligencia que tienen que tener fortalecida cuando la afectación de sus servicios está en una jurisdicción.
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Pendientes
De las 40 recomendaciones, se deben tener calificaciones de cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.
México tiene pendientes 10 de éstas, que son nueve parcialmente cumplidas y una no cumplida que es la 23 relacionada con actividades vulnerables , lo que en GAFI denominan actividades no financieras designadas.
“Tiene que ver con reporte de operaciones sospechosas y las medidas reforzadas para los países de alto riesgo”, indicó.
Regla del viajero
Pero lo importante, reiteró es la implementación de las recomendaciones, y una que consideró de mayor relevancia es la regla del viajero que tiene que ver precisamente con los activos virtuales.
“Es fundamental para retirar el anonimato de las transacciones en transferencias con activos virtuales”, acotó.
Dicha regla lo que permite es que con la transacción, viaje la información del beneficiario y del monto de las transacciones y eso es importante para las autoridades para poder rastrear cualquier tipo de conducta ilícita.
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En su opinión, es un reto importante tecnológico que requiere inversión de tiempo y de recursos económicos, y en la medida en que los países la implementen, todos, habrá mayores incentivos para que el sector privado pueda implementarla.
Mientras no sea el caso, advirtió, siempre habrá una especie de arbitraje regulatorio, donde el sector privado se mueva relativamente fácil a jurisdicciones en donde aún no se cumpla con este requisito.
También es un desincentivo para aquellas prestadoras de servicios de activos virtuales en donde sí hay estas reglas y las están cumpliendo, el saber que hay otras competidores que no tienen la obligación.