4T revive proyecto de identificación por biometría

Pide Secretaría de Gobernación recalendarizar proyecto, cuyo costo es de 494.3 mdp; la justificación del plan es evitar la duplicidad en padrones de beneficiarios de programas y servicios públicos

4T revive proyecto de identificación por biometría
El gobierno tiene registro biométrico de menores y de adultos a través de organismosde salud como el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. Foto: Archivo. El Universal
Cartera 17/09/2021 02:09 Noé Cruz Serrano Actualizada 03:33
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El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación vuelve a la carga en su propósito de tener la identificación biométrica de huellas, rostro e iris de todos los mexicanos y busca retomar un programa archivado en 2019 por falta de recursos.

Más aún, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que el Covid-19 también impidió en 2020 concretar la adquisición de equipos especializados para “procesar la información biométrica de los mexicanos y asegurar la unidad del Registro Nacional de Población para identificar a la población”.

La dependencia señaló que “la identidad biométrica es clave para la estrategia del gobierno que servirá para identificar duplicidad en padrones de beneficiarios en instituciones de salud para evitar dobles beneficios y en nuevos servicios públicos”.

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En un oficio de la Segob enviado a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con fecha del 12 de mayo de 2021, y cuya copia posee EL UNIVERSAL, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad solicitó recalendarizar el proyecto con un costo de 494.3 millones de pesos, previsto para arrancar en diciembre de 2020.

La nueva fecha de conclusión de la base de datos biométricos de los mexicanos se difirió para diciembre de este año o, si fuera necesario, para 2022.

El argumento es que desde octubre de 2019 se realizaron diversas reuniones con la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SHCP para asignar presupuesto para la ejecución del programa en el paquete económico 2020. En febrero de ese año se concertaron las reuniones para solicitar los recursos necesarios “ya que en el PEF 2020 no habían sido considerados”, indicó.

Al mismo tiempo se exploraron alternativas para contar con recursos provenientes de la propia Secretaría de Gobernación, pero los recursos asignados “no eran suficientes”, señala el oficio No. CI/941/013/2021.

Aunado a lo anterior, el decreto por el que se establecieron las medidas de austeridad en la administración pública federal complicó aún más las cosas. Además, cita que “como consecuencia de la pandemia generada por el SARS-CoV-2 (Covid-19), la administración pública federal se vio obligada a destinar más recursos para la atención de esta contingencia, principalmente en el sector salud, reduciéndose en algunos casos hasta 75% el presupuesto otorgado, por lo que en 2020 esta dependencia no logró contar con la suficiencia presupuestaria requerida para el programa”, precisó.
 

La trascendencia del proyecto que se explicó en el análisis costo-eficiencia “radica en el artículo cuarto constitucional de garantizar el derecho a la identidad, por lo que se solicita la recalendarización, ya que actualmente el Renapo cuenta con 30 millones de datos biométricos captados en años anteriores y se tiene firmado un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores referente a la transferencia de información biométrica contenida en sus bases, que sin este programa se verá afectado, ya que no se podrá procesar la información con la que se cuenta ni la que llegue de las demás dependencias y se incumplirá lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, específicamente en lo relacionado a la construcción de las bases para crear un documento único de identidad nacional biometrizado, vinculado a la identidad jurídica de las personas”, añadió el documento.

La justificación

El 2 de enero de 2020, El Gran Diario de México publicó que la 4T buscaba datos biométricos de todos los mexicanos.

En un informe clasificado como reservado hasta el 29 de octubre de 2024, la Segob pretendía entonces adquirir licencias de software especializado en huellas digitales, rostro e iris para conformar la base definitiva del Renapo, pues consideraba, en ese momento, que “la identidad de al menos 117 millones de mexicanos que no tienen registro biométrico está en riesgo todos los días del año, en cualquier lugar y bajo las situaciones menos sospechadas”. El dato actualizado de la brecha o déficit de mexicanos sin datos biométricos asciende a 107 millones.

Hasta ahora se tiene el registro biométrico de 7 millones de menores de edad y 24 millones de adultos que están en poder del IMSS, ISSSTE y del que fuera el Seguro Popular.

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