SEGURIDAD… PRIORIDAD NÚMERO 1

El Estado Mexicano tiene los recursos económicos para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, ha faltado la decisión de convertirlo en su prioridad mayor.
OTRAS
26/05/2016
00:03
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Ricardo Homs
Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación AC. 25 libros publicados Fundó en México la oficina local de la empresa global de consultoría creada por Al Ries, uno de los dos creadores del...
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Toda la infraestructura gubernamental, o sea los tres niveles de gobierno,  parece no entender que más allá de los graves problemas políticos y económicos que se deban resolver, no hay nada más prioritario que salvaguardar la integridad física de los mexicanos y su vida.

El descubrimiento cada vez más espeluznante de narco-fosas nos habla de que este problema está más extendido de lo que las autoridades están dispuestas a reconocer.

En un país donde no se respeta la vida, definitivamente hay una descomposición moral, lo que significa que además de los actos de barbarie que ya no nos asombran, hay actitudes agresivas latentes en muchos sectores de población, las cuales se activarán a la primera oportunidad de sentirse protegidos por las armas o por un grupo delincuencial.

El presidente Ernesto Zedillo en reiteradas ocasiones ha manifestado públicamente que la seguridad es la prioridad más importante, porque de ella se deriva la paz necesaria para estimular el desarrollo económico y social.

La inseguridad que propicia la delincuencia organizada frena la inversión privada y la generación de negocios y de empleos, lo que constituye un atentado contra la economía del país.

El cobro del “derecho de piso” pega directamente a los micronegocios y PYMES, desestimulando sus planes de crecimiento, pues cada empresario extorsionado sabe que entre más se desarrolle, más tendrá que pagar a los delincuentes. Por ello muchos negocios cierran, ya que sus propietarios se niegan a trabajar en beneficio de sus extorsionadores. Con ello se pierden empleos.

El turismo también resiente el impacto de la delincuencia organizada en las zonas del país dominadas por los criminales.

Acapulco es un claro ejemplo de un lugar que fue próspero gracias al turismo y hoy resiente el impacto delincuencial no obstante los esfuerzos de apoyo provenientes del gobierno federal.

Es evidente que el aparato gubernamental minimiza el impacto de este grave problema social, que influye en la salud emocional de los mexicanos.

Los actos delictivos generan frustración y angustia en las víctimas y sus familias, pero al ser dados a conocer a través de los noticieros de TV y radio, impactan de forma inconsciente en el estado de ánimo colectivo, que primeramente se solidariza con las víctimas, pero de modo imperceptible cada televidente o radioescucha se siente amenazado ante la posibilidad de vivir una experiencia delictiva.

Minimizar este grave problema, no lo resuelve, sino lo encapsula imaginariamente mientras en la realidad cotidiana crece.

El presidente Vicente Fox al ignorarlo, lo dejó crecer. Hoy vemos en el ámbito gubernamental una actitud similar.

Es cierto que no es evidente de forma cotidiana. Sin embargo, igual que las enfermedades, el virus de la delincuencia trabaja en la oscuridad y crece y se desarrolla de modo sigiloso, para manifestarse fuerte y poderoso a la luz pública cuando se sabe imbatible.

Hoy todos nosotros hemos perdido la capacidad de asombro ante hechos que antiguamente se manifestaban sólo en las obras cinematográficas y literarias de ficción, pero debemos reconocer que hoy se vuelve una realidad para quienes tienen la desgracia de caer en manos del crimen organizado.

La clase política y sus familias vive totalmente protegida por elementos policiacos o de las fuerzas armadas y por tanto no vive el drama cotidiano al que se enfrentan las familias que tienen la desgracia de perder a uno de sus miembros.

El problema de la delincuencia, en las circunstancias actuales, no debe ser delegado sólo en las autoridades policiacas, sino que debiese ser la prioridad número uno del presidente de la república y de cada uno de los gobernadores y alcaldes.

El Estado Mexicano tiene los recursos económicos, tecnológicos y de infraestructura para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, ha faltado la decisión de convertirlo en su prioridad mayor.

 

 

 

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