La mafia del aeropuerto

Lilia Angélica López, de 21 años, -estudiante de danza folclórica en el INBA-,  fue detenida en el aeropuerto el 31 de diciembre de 2014 proveniente de Bogotá por la línea aérea Avianca.

En Bogotá su equipaje no tuvo problema. Sin embargo, en el aeropuerto de la Ciudad de México le adjudicaron una maleta con droga cuyas características no correspondían con la que ella documentó en Bogotá.

La presunción de inocencia, -cuando no hay antecedentes penales-, que es una premisa mundial del derecho, en México no opera. De inicio todos somos culpables de cualquier delito que nos adjudiquen mientras no demostremos nuestra inocencia. ¡Qué aberración jurídica!

Después de varios meses Lilia Angélica aún está internada en el penal federal de Nayarit por delincuencia organizada. Por presión de los medios de comunicación y la opinión pública manifestada en redes sociales, la PGR tendrá que liberarla al no poder sustentar su acusación. ¿Y si no hubiese trascendido su caso públicamente, seguiría detenida?

Todos sabemos que sí seguiría en prisión si los medios de comunicación no hubiesen destacado su caso,  por la actitud irresponsable de la PGR y las autoridades que intervinieron.

Óscar Álvaro Montes de Oca, -egresado de la carrera de sociología, de 23 años-, fue aprehendido los primeros días de agosto de este año. Fue detenido por la misma causa y sólo por la intervención de su universidad y sus compañeros, fue liberado. Hasta el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México tuvo que intervenir para acreditar su honorabilidad.

Como antecedente, dos años atrás, la maestra Ángel de María Soto Zárate, -xalapeña de 23 años de edad-, fue detenida en el aeropuerto de la Ciudad de México en julio del 2013 con una acusación similar a las antes mencionadas, pues se le adjudicaron diez kilos de cocaína encontrados en una maleta que ella siempre negó fuese suya.

Cabe destacar, que a ella le fue robado su pasaporte en una escala en el aeropuerto de Lima, Perú, y tuvo que regresar a México con documentos provisionales, donde ya estaba armada la sustitución de maleta.

Este fue el primer caso que trascendió a los medios de comunicación gracias a la labor de sus compañeras maestras y padres de familia de la escuela donde trabajaba.

A dos años de distancia de este primer caso, vemos que la ineficiencia de las autoridades, o el desinterés por desarticular esta banda, ha provocado que este año se hayan dado dos casos más Sin embargo, no podemos asegurar que no sean muchos más, de los cuales no tenemos noticias.

¿Por qué desde el primer caso en 2013 el procurador Murillo Karam no ordenó una investigación profunda para desarticular esta banda posiblemente internacional?

El perfil de los implicados, -muy jóvenes los tres-, nos indica la vulnerabilidad de quienes están en ese segmento de edad, a quienes es fácil acusar de cualquier delito. Por los estereotipos asociados a la juventud, es fácil hacer creíble su culpabilidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos debiese ser más proactiva y menos reactiva, haciendo acuerdos con las bancadas legislativas para modificar la ley a fin de que la “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” sea el derecho humano básico que proteja a los mexicanos de toda la corrupción que hay en el sistema policiaco y de impartición de justicia. Mientras este derecho no exista en la práctica, la gente honorable de este país vive en estado de indefensión cuando las circunstancias ajenas a su propia voluntad y su conducta, le acercan a ese mundo putrefacto que es el ámbito policial.

La CNDH, -con visión preventiva-, debiese tener un área especializada en vinculación legislativa para trabajar estrechamente con los legisladores en lo que respecta al ámbito de la protección de los derechos humanos y no sólo dando asistencia ante casos consumados de violaciones.

En lo específico de estos casos,  -como los antes mencionados-, es urgente que la CNDH exija a la PGR que informe cuantos casos similares hay en el país, de jóvenes apresados en el aeropuerto de la Ciudad de México por maletas que contenían droga. Los que hemos mencionado no deben ser los únicos. El número de víctimas anónimas debe ser mayor.

Hasta el momento no se ha dado a conocer que la PGR inicie una investigación con ayuda de la Interpol para desarticular a esta banda de delincuentes que utiliza a jóvenes pasajeros para introducir droga a México. En ella deben participar empleados de las aerolíneas y policías federales. ¿O es que no hay voluntad para desmantelar esta mafia?.