Guerrero, impunes desapariciones forzadas desde los 60´s

Las circunstancias a las que nos ha tocado asistir, nos obligan a comprender qué es lo que pasa más allá de las naturales posiciones de duelo o indignación ante eventos como los ocurridos en Ayotzinapa, Chilapa, etc. Existen diversas rutas que nos permiten acercarnos a este complejo tema, sin embargo, todos los caminos nos exigen entender el sentido histórico de los hechos para comprender cómo está operando el poder en este contexto. El quitarle el sentido histórico a estos hechos, nos lleva a considerarlos como fenómenos locales y fortuitos. Pero el sentido histórico nos daría pistas sobre los mensajes expuestos en estos dolorosos eventos. Si por ejemplo, los cuerpos que observamos en las imágenes de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, anunciaban la llegada de la tecnificación de la muerte. ¿Qué podría anunciarnos el rostro de un estudiante desollado y preparado para su exhibición masiva? ¿Qué nos anunció la desaparición de personas durante la Guerra Sucia? ¿Qué nos anunciaban los cuerpos vejados, torturados y exhibidos de las muertas de Juárez?

Allí había un mensaje cifrado que se podría hacer extensivo a toda la población, pero que por diversas circunstancias la opinión pública no le dio la relevancia que merecía y no pudieron comprender el anuncio de lo que se avecinaba. A lo que nos referimos es que desde esos primeros hallazgos se encontraban presentes algunos elementos que indicaban que la violencia extrema, el asesinato, exhibición pública, y la desaparición forzada, tenían que ver, no sólo con un problema local, sino que sus raíces eran más profundas e implicaban tanto a la sociedad como a las instituciones del Estado.

Una vía de interpretación la podemos plantear a través de un recorrido histórico que nos brinda una perspectiva sucesiva de los hechos. Guerrero fue la cuna de importantes movimientos guerrilleros en México en la segunda mitad del siglo XX. Para iniciar podemos mencionar la matanza ocurrida el 30 de diciembre de 1962 en Iguala, Guerrero, cuando la Asociación Cívica Guerrerense convocó a un mitin electoral liderado por Genaro Vázquez, y que uno de sus objetivos era conmemorar otra matanza ocurrida en Chilpancingo un par de años antes.

A estas masacres le siguieron la de Atoyac y Acapulco en 1967, la de 1968 y 1971 en la ciudad de México, que provocaron que algunos grupos de jóvenes de regiones rurales, y algunos grupos clasemedieros de las ciudades agotaran las vías institucionales y tendieran a acciones revolucionarias para combatir al Estado. Durante la década de los 70´s, se tiene registro de poco más de 20 movimientos guerrilleros en el país, la mayoría de ellos actuaban en Guerrero y fueron aplastados por el Estado, sin tener aún registro sobre los muertos o desaparecidos.

Cualquier manifestación disidente era reprimida por el Estado, no había lugar para la oposición, y estos grupos guerrilleros se radicalizan para reivindicar local y nacionalmente ciertas libertades. Durante los 70´s la guerrilla se extendió por Guerrero, logrando cierto control en algunas comunidades. Parecía que se comenzaba a gestar una organización popular que preocupaba al gobierno, por lo que se aplicó la guerra de baja intensidad. Así, mientras en el resto del país fue la policía política la que aplicó la guerra sucia, en el estado de Guerrero fue el Ejército.

A comienzos de la década de los 70´s se creó el Batallón 27 de infantería ubicado en Iguala, cuyo primer objetivo era aplicar estrategias antisubversivas que consistían en infiltrar elementos en las comunidades para conocer las redes sociales. En Guerrero, la guerra sucia fue tal vez la más cruenta registrada en el país, y según algunas fuentes, fue el Partido de los Pobres la organización más afectada. Según el informe del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado sobre la guerra sucia durante los 60´s, 70´s en Guerrero, los detenidos eran trasladados a diversos cuarteles militares que servían de “campos de concentración” (término que la PGR omitió en la presentación del informe en 2006), con el objetivo de que dieran información. Sobre los detenidos se sabe poco, existen algunos documentos que indican que muchos de ellos fueron asesinados, enterrados, tirados en baldíos y hasta se comenta (aunque sobre esto no hay documentación) que había vuelos de la muerte, en donde desde helicópteros o aviones con rumbo al mar, arrojaban personas en sacos.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad en Guerrero, entregado el 15 de octubre de 2014, la violencia se expandió por amplios sectores de la sociedad, ya que el Ejército no sólo atacaba a los grupos guerrilleros, sino a todas las comunidades que se creía, protegían a la guerrilla. Uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido en El Quemado en 1976, donde el Ejército detuvo a más de 40 personas a las cuales torturó y mantuvo desaparecidas para que aceptaran su participación en la guerrilla de Lucio Cabañas. Asimismo, el informe afirma que “entre 1969 y 1979, hubo una política de Estado sistemática y generalizada para exterminar sectores de la población a los que consideraban peligrosos, violentando todos los marcos legales”. En las décadas siguientes, las labores del Batallón se diversificaron debido a la expansión del narcotráfico, así como a la aparición de nuevas guerrillas. En los últimos años, la penetración del crimen organizado ha tendido diversas repercusiones. Una que ha sido poco explorada se refiere a la deserción militar. Según el General de División Guillermo Moreno Serrano, jefe de la novena región militar (que corresponde a Guerrero), entre 2006 y 2012, desertaron 508 militares adscritos a esa región, de los cuales 79 pertenecían al 27 batallón. Lo cual nos invita a reflexionar sobre la magnitud de la problemática que tiene aristas aún no exploradas.

También podemos recordar otras desapariciones recientes que no tuvieron la suerte de ser tan expuestos a la opinión pública. Según testimonios de Félix Pita y Guadalupe Orozco, en 2010 el 27 Batallón levantó a sus hijos y a cuatro jóvenes más mientras se encontraban afuera de un bar en la ciudad de Iguala, sin que hasta ahora las investigaciones hayan dado resultados. Al respecto, en 2011 Human Rights Watch publicó un informe titulado Ni seguridad, ni derechos, en donde menciona este caso y afirma que existen pruebas contundentes sobre la participación directa del Ejército, sin embargo, hasta hoy, estas personas se encuentran desaparecidas y las autoridades siguen negando su participación.

Y así, los casos se siguen sucediendo y llegamos a eventos como el de Chilapa, Guerrero, en donde según testimonios de los habitantes de la localidad, del 9 al 14 de mayo del 2015, grupos armados con el rostro cubierto tomaron la ciudad y levantaron a por lo menos 20 personas de entre 15 y 31 años. Rogelio Ortega, Gobernador del estado ha aceptado que las bandas criminales (Ardillos y Rojos) han rebasado la capacidad del gobierno. Hasta ahora, las investigaciones no han arrojado resultados, lo cierto es que las desapariciones, las masacres y la violación de derechos humanos siguen ocurriendo a gran escala en Guerrero, sin que autoridades locales, estatales o federales actúen eficazmente, poniendo a la sociedad en un estado de indefensión constante.

Como el Observatorio Nacional Ciudadano ha resaltado constantemente en sus publicaciones, la desaparición forzada de personas, el homicidio y la violación de derechos humanos no es un fenómeno nuevo, sino que se ha aplicado en distintas partes del país, con especial rigor en el estado de Guerrero, en donde se pueden rastrear estas prácticas desde hace 50 años por lo menos. Es evidente que los métodos han ido cambiando, es decir, no sólo son aplicados por regímenes dictatoriales, sino también por los llamados democráticos, y que emplean lo que Agamben denomina como Estado de excepción. De esta manera, podríamos pensar el problema de México como como un laboratorio de poder que está implantando un Estado de excepción no declarado, pero que opera desde hace algunos años en el país. Siguiendo a Agamben, el Estado de excepción constituye una tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida. Esta característica de "desligue" lo hace muy eficaz, ya que permite el funcionamiento político, superando las limitaciones de lo estrictamente legal que es en donde el Estado de Derecho opera, y que puede ser impunemente cancelado por una violencia gubernamental que ignorando el derecho, crea al interior, un Estado de excepción permanente, que pretende -y de hecho así ocurre con las carcasas de algunas instituciones estatales- seguir operando dentro del marco del Estado democrático de derecho.

Debemos abrir la perspectiva a los hechos que están ocurriendo, e intentar otras vías de interpretación; y así podernos cuestionar si estamos asistiendo a un escenario en donde hay una perspectiva generalizada de debilidad institucional próxima a un completo colapso; o si tenemos un Estado que aparenta debilidad, pero que opera eficazmente por encima o por debajo de la ley según la crisis que se le presente.

Christian Eduardo Díaz Sosa

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

Twitter: @ChristianDazSos @ObsNalCiudadano