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En los últimos meses la corrupción ha cobrado mayor importancia en la opinión pública a raíz de escándalos políticos como la Casa Blanca, el caso Korenfeld o el más reciente problema con OHL y el Circuito Exterior Mexiquense. Además de estos acontecimientos nefastos, la promulgación de la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción es apenas una aspirina para el gran dolor de cabeza de la administración federal. Su implementación dará de qué hablar y los resultados revelarán qué tan honestas son las intenciones del gobierno.
Además de generar irritación entre los ciudadanos, la corrupción ya se asume (erróneamente) como un fenómeno endémico (hasta cultural) que parte desde un simple e inocente soborno para evitar el corralón hasta la malversación de fondos públicos en proyectos de infraestructura. Ex candidatos presidenciales y académicos afirman que eliminando la corrupción el país podrá salir adelante.
Al mismo tiempo, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Banco de México han recortado las expectativas de crecimiento para el próximo año. El cuadro general del país no parece dar señales del añorado despegue económico, más bien parece ser una continuación del mismo patrón de crecimiento desde 2009.
Lejos de ser una mera percepción, es evidente que la corrupción es un problema latente que no se solucionado hasta el momento. Sin embargo, afirmar que la corrupción es responsable del bajo crecimiento económico resulta muy arriesgado. Es un argumento a prueba de tontos; la corrupción vista desde la perspectiva económica es un problema de agente-principal en el cual el agente se beneficia y extrae la renta dadas las reglas del juego. En agregado, esta apropiación de rentas perjudica el crecimiento porque se invierten recursos en una actividad que no genera valor agregado. Una sociedad no se hace más rica a base de corrupción, ciertos individuos sí. Resulta bastante intuitivo afirmar que la corrupción incide de manera negativa en el crecimiento económico.
No obstante, la literatura teórica y empírica no ha llegado al consenso. Hay autores que argumentan que la corrupción puede facilitar transacciones ante medidas legales ineficientes que aumentan el costo de hacer negocios. Supongamos que los trámites para abrir una empresa requirieran un largo tiempo de espera. Existe la posibilidad de pagar un soborno para que no se aplique determinada regla y de esta forma, la empresa operará a la brevedad generando una mayor oferta de bienes y servicios. De esta forma, la corrupción se vuelve un second-best (segundo mejor) y la eliminación de la norma ineficiente sería el first-best (óptimo). Excluyendo la dimensión moral de un soborno, éste ha facilitado una transacción. Esto nos dice que la creación de reglas absurdas fomenta la corrupción pues le otorga a alguien incentivos para burlar la norma y abre la posibilidad de que algún funcionario extraiga esta renta.
Otras hipótesis sugieren que los efectos negativos más importantes de la corrupción en el crecimiento económico no resultan del acto per se, es decir, si sumáramos todos los sobornos pagados y demás formas de corrupción en términos monetarios; el impacto sería un tanto limitado. En cambio, no hay que perder de vista otro tipo de efectos nocivos, en particular, el cambio en las asignaciones de capital, las decisiones de inversión y el entorno de negocios. Una empresa podría encontrar más rentable pagarle a un funcionario público para mantener su poder de mercado en determinada región que ofrecer un producto o servicio de mayor calidad o más innovador. Los argumentos teóricos favorecen la hipótesis de que la corrupción es un lastre para el crecimiento económico.
La literatura empírica no logra acuerdos. Lo difícil al tratar de relacionar el crecimiento con la corrupción radica en buscar variables que midan adecuadamente esta variable. La mayoría de los ejercicios empíricos entre países utilizan indicadores de percepción de corrupción basados en encuestas porque no se cuenta con información factual y, aunque estuviera disponible es altamente probable que presente subregistro.
Una de las nuevas líneas de investigación busca estudiar el impacto de la corrupción en el crecimiento conforme las instituciones políticas y económicas cambian. En este campo, hay varias contradicciones; autores han mostrado que la corrupción ejerce un efecto limitado en el crecimiento cuando las instituciones políticas son pobres, pero otros académicos han encontrado lo opuesto. También a medida que las libertades económicas aumentan los efectos pro crecimiento de la corrupción tienden a desaparecer.
Recordemos que los procesos de transformación institucional son de largo plazo. De ser una sociedad con un régimen corporativista hemos transitado (con varios tropiezos, descalabros y una dosis de violencia) a un régimen democrático que se ha consolidado poco a poco. De ser una economía en la que en determinado momento 73 ramas de la producción se encontraban bajo la dirección del gobierno hemos transitado (con algunos sacrificios) a una economía volcada hacia el mercado externo y con mayores libertades económicas. Una pregunta de investigación interesante buscaría responder si este proceso de transición y consolidación democrática incrementó o disminuyó el costo en términos de crecimiento de la corrupción. Por otro lado, el tema de las instituciones económicas no debe tomarse a la ligera pues implementar medidas que permitan más libertades podría ayudar a reducir el impacto de este problema.
Dejando de lado las explicaciones teóricas, un primer indicador del impacto de la corrupción necesariamente debe estar vinculado con la actividad de las unidades económicas del país. Si revisamos estimaciones de corte transversal de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2014 (ENVE), se tiene que el 17% de las unidades económicas percibe que la corrupción es uno de los problemas que más las afectan. Además, este porcentaje es similar (en términos relativos) si consideramos los diferentes tamaños de empresa (micro, pequeña, mediana y grande) y también las diferencias por gran sector (comercio, industria y servicios). Esta cifra es menor que la reportada para problemas como la inseguridad y la delincuencia (58.5%), los impuestos (47%) y el bajo poder adquisitivo de la población (42.2%).
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