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Alrededor de 3 mil militares y policías han sido asesinados en los últimos 10 años, que es el periodo de combate frontal al crimen organizado, y la mayoría de ellos fueron víctimas desarmadas, porque la ley los obliga a dejar el arma a su cargo cuando no están en funciones, dijo el senador Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN).
Para corregir esta situación, el senador panista impulsa reformas al artículo 24 de la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos para que miembros de las Fuerzas Armadas, policías federales, estatales y municipales puedan portar un arma de manera permanente.
El legislador, quien ha propuesto que la ley permita a los ciudadanos poseer armas en el trabajo y en el vehículo, además del domicilio, dijo que es difícil para la gente estar dentro de la ley en materia de armas de fuego, porque en el país sólo hay una armería.
La Comisión de Justicia del Senado ha señalado, dijo Preciado, que en el país hay 20 millones de armas, de las cuales 65% son ilegales, lo que ubica en 14 millones de armas como ilícitas.
Unos 4 millones de armas de fuego las tendrían los delincuentes y 10 millones más las han de poseer ciudadanos que sólo quieren protegerse, y son clientes del mercado negro, porque entre otros problemas, tendrían que haber viajado a la Ciudad de México a adquirirlas y comprar los cartuchos en la tienda del Ejército.
“Gente que vive en Tijuana, en Mexicali, en la frontera, a 3 mil kilómetros de la capital del país, donde está la única armería; o que radica en Colima, que está a mil kilómetros o en Chiapas, si quisieran tener un arma tendrían que viajar a la Ciudad de México, y esperar a ver si les dan el permiso de poseerla o de portarla, lo cual generalmente lo niegan”, comentó.
Demandó que el Poder Legislativo genere una alternativa a la gente para que pase de la ilegalidad a la legalidad, en materia de armas de fuego.
Preciado fue el único senador que el pasado jueves votó en contra de reformas para aumentar a grave el delito de posesión, portación, traslado, acopio, compra venta y contrabando de armas ilegales, la cual fue remitida a la Cámara de Diputados, con argumentos de que es un paso importante para abatir el poder de fuego del crimen organizado y de la delincuencia común.
Una reforma que castiga con privación de la libertad a la posesión de armas de fuego sin licencia, “lo que va a provocar es que tengamos un montón de gente en la cárcel que no es delincuente y que sólo tiene un arma para su legítima defensa”.
Además, dijo, “si tuvieran que meter a la cárcel a quien traiga una arma para su legítima defensa, no cabrían 10 millones de personas en prisión y es un absurdo que espero lo pueda detener la Cámara de Diputados”.
Anunció que se propone que en el próximo periodo de febrero a abril sea aprobada la reforma que autorice a quienes velan por la seguridad de la sociedad a que cuando no estén en el ejercicio de su responsabilidad, tengan la oportunidad de tener un arma de fuego a la mano.
La mayor parte de los militares y policías asesinados en una década fueron atacados cuando estaban “francos”, cuando iban de su trabajo a sus casas o dentro de sus casas, “como acaba de pasar en Colima, donde llevamos nada más en dos semanas, cinco policías asesinados afuera de sus domicilios”.
