Más Información
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/IIH4BTJWRJDAPFGM5RJOS365V4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/KIV6XXOYERBHBLKNDMFKE77ZX4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/VMZLXN2H4VGKDNBOPL2UF6ZYPE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniversal/RFA3SDPZNBDQHJ6GJWQB6EFAXY.jpg)
La PGR tomó conocimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a las acciones de inconstitucionalidad 56/2016 y 58/2016, en contra de decretos emitidos por los Congresos de Veracruz y Chihuahua, en materia de combate a la corrupción.
Los congresos de estos estados deberán expedir las leyes y realizar adecuaciones normativas correspondientes para que los sistemas locales anticorrupción cumplan con los estándares constitucionales.
El fallo del Pleno de la SCJN fue unánime y concluyó que los congresos estatales no podían legislar en esta materia debido a que las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún no se expedían; estas leyes fueron expedidas el pasado 18 de julio.
La nueva Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue declarada inválida así como los seis decretos que regulaban la Fiscalía y todo el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas en Veracruz.
El Congreso de Quintana Roo ha aprobado diversas reformas que derogan las normas impugnadas por la PGR y deberá analizarse si procede decretar el sobreseimiento de las mismas.
jram
