Estudian viabilidad jurídica para extradición del capo

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene la decisión final para extraditar o no a Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que la dependencia analiza la viabilidad jurídica de su entrega al gobierno de Estados Unidos que lo requiere, indicaron autoridades de la Cancillería.

El líder del Cártel de Sinaloa enfrenta dos órdenes de aprehensión con fines de extradición que están vigentes.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), el 23 de septiembre de 2015 se giró una de las órdenes de aprehensión por un Juzgado de Distrito derivado de una petición presentada por la Corte Federal para el Distrito Oeste del estado de Texas, que le imputa los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.

Previamente, otro juez de Distrito libró una primera orden de aprehensión contra Guzmán Loera tras una petición formal de la Corte Federal del Distrito Sur de California, en la que enfrenta un proceso penal por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir droga.

Pese a los intentos de su defensa para frenar ambos mandamientos judiciales, al menos cuatro amparos presentados por Guzmán Loera han sido desechados por jueces federales, por lo que no existe ninguna suspensión que provisional que deje sin efecto las órdenes de aprehensión con fines de extradición, confirmaron autoridades del Poder Judicial de la Federación.

El procedimiento. Ahora con la recaptura del capo, el gobierno estadounidense cuenta con 60 días para presentar la ratificación formal de extradición, en los términos que dispone el Tratado de Extradición celebrado entre los gobiernos de México y de Estados Unidos.

Según con el proceso, una vez que el juez da la orden de detención con fines de extradición se tiene que notificar a la persona extraditable. El juez de proceso da la garantía de audiencia al imputado y emite una resolución en forma de opinión a la SRE.

La decisión de extradición recae en un acuerdo que en este caso tendrá que emitir la titular de la Cancillería, Claudia Ruiz Massieu, para ver si se extradita o no al detenido requerido.

En este procedimiento pueden intervenir una serie de variables jurídicas que pueden o no incidir en el proceso, como lo es un amparo frente al juez de proceso y contra el acuerdo de extradición que puede presentar la defensa de El Chapo.

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, informó que la Cancillería realiza un análisis jurídico para determinar si lo extraditan o no.

“Hay que hacer un análisis jurídico antes de tomar una determinación en un sentido u otro, es el momento de hacer análisis jurídico que en este momento no está concluido”, dijo.

El 25 de junio de 2014, la Cancillería recibió una nota diplomática, a través de la cual Estados Unidos formuló la petición formal de extradición del capo. Unas semanas después, Guzmán escapó la noche del sábado 11 de julio del penal de máxima seguridad de El Altiplano a través de un túnel.

El pasado 17 de octubre sus abogados promovieron un nuevo juicio de amparo en contra de su eventual extradición a Estados Unidos de América. El juicio de garantías fue presentado por sus defensores ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal del Distrito Federal, cuyo titular admitió el recurso legal el pasado 19 de octubre. Ninguno de los recursos legales prosperó.