Combate a delincuencia, prioridad nacional: PGR

“En materia de seguridad y procuración de justicia la ciudadanía demanda resultados claros, exige vivir en paz, en tranquilidad y en ejercicio pleno de derechos, por  tanto los programas para combatir la delincuencia y terminar con la impunidad en el país deben de tener prioridad nacional”, estableció la Procuradora General de la República, Arely Gómez González.

Durante la ceremonia de inauguración de la Segunda Sesión de la Conferencia de Procuración de Justicia de las Zonas Noreste y Noroeste, admitió que el apremio de la sociedad por la justicia no admite dilación:

“Estamos obligados a los resultados”, enfatizó al ratificar que al delito se le combate con la ley en la mano y bajo las garantías del debido proceso que establece nuestra Constitución.

Ante una decena de procuradores y fiscales destacó que el compromiso del Presidente Peña Nieto es que todas las instituciones de seguridad trabajen de forma coordinada para  abatir la inseguridad, la impunidad y lograr el fortalecimiento del tejido social.

En la conferencia  inaugurada por el gobernador, Rubén Moreira Valdez, participan procuradores y/o fiscales de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y de Coahuila, Homero Ramos Gloria, quien además es representante de la Zona Noreste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y funcionarios de la PGR.

“La seguridad es un componente esencial de la legitimidad de las autoridades y es uno de los principales objetivos del gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, les dijo la titular de la PGR y presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Gómez González.

Hizo hincapié en que la lucha contra el delito es una tarea que convoca a todos y que demanda cada vez más especialización y nuevos instrumentos para enfrentar los hechos que les presentan lastres como la delincuencia organizada.

"Por eso fiscales y procuradores debemos ser los primeros en dar muestras de ese ánimo y voluntad de coordinarnos de manera conjunta para enfrentar el crimen con todos los recursos que la ley nos confiere", agregó.

Reconoció también que el problema de la inseguridad y la violencia es una de las preocupaciones más sentidas de la sociedad, por eso les advirtió que hoy, las procuradurías del país tienen un doble reto:

Atender el exigente trabajo del día a día y ocuparse también de la transformación institucional en sus dependencias para la transición hacia un nuevo Sistema de Justicia Penal que representa un periodo histórico.

La Reforma Constitucional de 2008 es el cambio de modelo más amplio que se haya realizado en décadas en materia de justicia penal, expuso respecto al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial con la aplicación de juicios orales,  (que suple gradualmente al inquisitorial donde el juez imponía penas a su libre arbitrio).

Todos los poderes y órdenes de Gobierno hemos trabajado en él, indicó, hemos hecho aportaciones para enriquecerlo y debemos comprometernos aún más para hacer realidad y materializar este esfuerzo de un nuevo modelo de justicia.

El cual está diseñado para garantizar la defensa de cualquier persona con pleno apego al principio de debido proceso y anteponiendo el respeto a la dignidad y los derechos humanos, aseguró.

La titular de la PGR dijo que  junto con sus homólogos unen esfuerzos con el objetivo de perfeccionar, diseñar y generar nuevas políticas públicas dirigidas a la prevención y el combate a la delincuencia, que devuelvan a las comunidades las condiciones de paz y tranquilidad que todos desean.

Por último hizo un cálido reconocimiento a los procuradores de Baja California Sur y Nuevo León,  Adonai Carrión Estrada y a Javier Enrique Flores Saldiva,r respectivamente, quienes están próximos a dejar sus encargos “y a quienes quiero felicitar por su destacada labor”.

Durante la reunión procuradores y fiscales analizarán y discutirán diversos temas entre los que destacan  el impulso a los órdenes de gobierno abierto en las procuradurías y/o fiscalías estatales para articular programas y políticas encaminadas a fortalecer la participación de la sociedad y la consolidación de unidades de análisis de información que trabajan  de manera homologada en todas las dependencias del ramo el país,

Crímenes delincuenciales bajan 80%

A su vez el mandatario estatal, Rubén Moreira Valdez habló  de los grandes resultados obtenidos en Coahuila en materia de seguridad desde que inició  la administración del Presidente Peña Nieto y como ejemplo destacó el caso de este municipio:

“Hace tres años aquí en Torreón  privaba un clima altamente inseguro, (de enfrentamientos y ataques entre grupos criminales),  se registraban hasta 120 homicidios por rivalidad delincuencial en un solo mes”.

Un mes después de que empezó a gobernar Enrique Peña Nieto, (el mandatario  de la Nación reforzó el combate   a la delincuencia porque envió más elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal) y la  inseguridad disminuyó de manera constante.

Hoy por hoy las cifras se reflejan en una baja de hasta el 80 por ciento en los homicidios por rivalidad delincuencia, señaló al enumerar una serie de acciones tendientes a reducir la comisión de delitos que han dado buenos resultados, que son tangibles, porque así lo muestran las estadísticas.

De manera especial Moreira Valdez pidió a los procuradores analizar temas de interés nacional para abatir delitos graves, principalmente la venta de drogas que en ocasiones no pueden ser sancionados de acuerdo a las leyes federales vigentes.

A la inauguración de la Conferencia asistieron  también el Procurador de Justicia de Sinaloa y representante Interino de la Zona Noreste Marco Antonio Higuera Montes, el Titular del Mando Único de Operación Laguna en el Estado de Coahuila y Durango, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor (DEM), Sergio Alberto Martínez Castuera,el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, el líder del Congreso del estado, diputado José María Fraustro Siller y el presidente de Tribunal Superior de Justicia (TSJ), magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, y otros funcionarios.