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El político mexicano Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, detenido desde el sábado por la noche en Guatemala, fue citado ayer por un tribunal guatemalteco capitalino especializado en extradiciones para que comparezca mañana por la tarde con su abogado para definir si su extradición a México puede resolverse en un plazo de 10 días, a partir de este miércoles, o queda sometido a un pleito de largo trámite con fecha incierta de desenlace.
El guatemalteco Juan Daniel Lemus Ramírez, secretario del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, instancia judicial de esta ciudad a cargo del caso Duarte, aseguró que si el ex gobernador “se allana” y acepta ser extraditado a México, “y no hay ningún otro tipo de oposición y no hay ningún otro tipo de recurso, [el proceso dura] unos 10 días… exagerando”.
El trámite, aclaró, depende de la decisión que adopte Duarte de Ochoa en la audiencia de mañana: “Si hay una oposición lleva más de tiempo”. Dijo que el ex gobernador deberá presentarse al tribunal a las 13:30 horas locales del miércoles [14:30 en el centro de México], con la obligación de acudir con un defensor. El político deberá hacer un recorrido terrestre bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la seguridad penitenciaria dentro de la misma zona 1 de esta ciudad, desde la cárcel de Matamoros, ubicada en esta capital, hacia la Torre de Tribunales, en el corazón urbano.
Luego de una lenta activación del mecanismo judicial en la mañana del lunes, Lemus anunció ayer a las 14:00 horas la orden de citación a Duarte y confirmó a EL UNIVERSAL que esa dependencia es una de las dos del sistema judicial de Guatemala que se especializa en extradiciones.
Aunque estaba previsto que Duarte de Ochoa compareciera ayer en una audiencia en ese tribunal, por problemas de agenda con la acumulación de otros casos que se tramitan en esa instancia se postergó la presentación del ex gobernador para mañana.
La expectativa se concentró en que Duarte acudiera ayer al Tribunal, tras su arresto provisional con fines de extradición a solicitud de México el sábado anterior a las 20:00 horas locales (21:00 en el centro de México) en el hotel La Riviera de Atitlán, municipio de Panajachel, localidad turística del departamento de Sololá, a 140 kilómetros al suroccidente de esta ciudad.
La captura se logró en un operativo conjunto de autoridades mexicanas y guatemaltecas con apoyo de la Policía Internacional (Interpol).
“El día de hoy [ayer] recibimos la consignación directamente del Juzgado de Paz de Panajachel, en donde se le tomó declaración a la persona a la que se está solicitando su extradición a los Estados Unidos Mexicanos y se resolvió que se le señala audiencia para el día miércoles 19 de abril, a las 13:30 horas”, precisó Lemus.
La medida se adoptó en virtud de que Duarte carece de abogado, dijo.
Luego de su captura, fue conducido primero ante el juzgado que le notificó los motivos del arresto provisional que México solicitó en la mañana del sábado pasado a la Cancillería de Guatemala, y después trasladado a Matamoros, una cárcel en un cuartel militar de esta capital, a la que llegó cerca de las 2:30 del domingo tras un viaje por tierra en una patrulla.
Lemus relató que la consignación, que describe el mecanismo legal usado para detener a Duarte en Panajachel, fue recibida al mediodía de ayer por el tribunal: “Recibimos el expediente y con base a eso hacemos citaciones y notificaciones. Eso conlleva defensa pública, si no tiene abogado, y si lo tiene, se le cita. En este caso no lo tiene, por lo que se libraron los oficios respectivos para que se le asigne uno de la defensa pública”, narró.
En la audiencia pública de mañana, una fiscalía le notificará los motivos de su detención. Lemus declaró que “eso se le hace público a él y, eventualmente, el abogado defensor tiene que haberse entrevistado con su patrocinado para ver qué actitud va a tomar en el procedimiento de extradición.
“Tiene dos actitudes que tomar: o se allana al procedimiento o se opone. Si se opone hay una audiencia mediante la cual se hace una formal solicitud de extradición, se presentan los medios de prueba existentes para que el juez resuelva si es procedente o no la extradición. La siguiente audiencia depende de lo que ocurra [el miércoles]”.
Si el ex gobernador se opone, a partir de la audiencia de mañana hay un plazo legal máximo de 60 días para que el gobierno mexicano presente la solicitud formal de extradición.
