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El diputado federal del PVEM, Noé Bernardino Vargas, presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Partidos Políticos, con el propósito de obligar a todos los institutos políticos del país, con registro nacional o estatal, a que formen un órgano de decisión colegiada encargado de prevenir y erradicar actos de corrupción, ya sea de sus militantes o sus aspirantes postulados para un cargo de elección popular.
También propone establecer en el catálogo de la Ley General de Partidos Políticos, en el capítulo de sus obligaciones, que se verifique su probidad, con el propósito de garantizar que un aspirante a candidato esté lejos de cualquier interés económico o sea comparsa de algún grupo fáctico que le impidan trabajar con honradez en la administración pública o en un cargo de elección popular.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Bernardino Vargas detalló el tercer propósito de su iniciativa: mandatar a los partidos políticos para que reformen los estatutos que los rigen para que establezcan normas básicas de probidad que deberán cumplir sus candidatos.
Señaló que hoy en día la clase política sufre un lamentable desprestigio debido a los excesos cometidos en el ejercicio del poder. “A veces en los partidos políticos se comete el error de postular a personas sin probidad. Hay que recordar que es la persona que gobierna, no el partido; el partido es el vehículo para llevarlo al poder, por lo que antes de subirlo al vehículo es necesario revisar su probidad”, detalló el diputado michoacano.
Afirmó que su propuesta legislativa busca impedir el llamado “efecto chapulín” y evitar que funcionarios que ganen una elección y cometan actos de corrupción ya no puedan competir por otro partido, para así evitar que se genere un círculo viciosos en el ejercicio del poder.
Ante los integrantes de todas las bancadas parlamentarias, Bernardino Vargas recordó que el Poder Legislativo, en coordinación con el Poder Ejecutivo y con la participación de los ciudadanos, diseñó un sistema anticorrupción con la finalidad de poner fin al ejercicio indebido del poder público.
El objetivo del sistema, dijo, es evitar que esos puestos sean vistos como una “minita de oro” para enriquecerse personalmente o también para enriquecer a un grupo.
