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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al gobierno del estado de Guerrero coadyuvar en la generación de condiciones que permitan a Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, ejercer el cargo en condiciones de seguridad para ella, su familia y colaboradores, ante la violencia política de género que enfrenta.
Por unanimidad, los magistrados ordenaron dar vista a la PGR y su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), así como al Fiscal General del Estado de Guerrero, para que procedan por los actos que, determinaron, un conjunto de funcionarios realizaron en contra de la presidenta municipal.
Además ordenaron a estas personas, encabezadas por el síndico Benito Sánchez Ayala, las regidoras Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, así como al regidor Humberto Palacios Celino, "abstenerse de cometer actos encaminados a afectar el pleno ejercicio del cargo" de Muñiz Gómez.
La magistrada María del Carmen Alanís, quien elaboró el proyecto de sentencia avalado, expuso que en este caso se acreditó que hubo violencia política de género porque desde el inicio de la campaña de la alcaldesa hubo acciones encaminadas a agredirla y denostarla como mujer.
Estas agresiones "cobraron mayor fuerza en el ejercicio de cargo, ya que el grupo de personas que ha venido acosándola se ha valido de publicaciones y acciones directas con un fuerte contenido basado en el sexo y en el género, en estereotipos y en actitudes discriminatorias sobre el rol de las mujeres en puestos públicos", sostuvo.
La sentencia fue avalada con el voto unánime de los 6 magistrados.
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