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La oposición al denominado Muslim ban (prohibición musulmana), decretado por el presidente Donald Trump sigue ganando adeptos a medida que pasan las horas.
La demanda inicial al veto a la inmigración de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, y a los refugiados de todo el mundo, interpuesta por el estado de Washington (al que rápidamente se incorporó Minnesota), también incluye a empresas, como Microsoft o Amazon. Ayer se sumaron un centenar de compañías de Silicon Valley, que presentaron un escrito explicando las bondades de la inmigración.
Además, varios ex altos funcionarios estadounidenses, encabezados por John Kerry y Madeleine Albright, ex secretarios de Estado, así como Susan Rice, ex asesora de Seguridad Nacional, y Leon Panetta, ex secretario de Defensa y ex director de la CIA, argumentaron que con el veto de Trump se ponen “en riesgo los esfuerzos militares al mandar un mensaje insultante” a la comunidad musulmana.
Por la tarde, 16 procuradores generales de varios estados del país, demócratas y republicanos —desde Rhode Island, hasta California, pasando por Pennsylvania, Oregon y Nuevo México— se han unido al bloque de oposición al decreto presidencial.
En tanto, la batalla continúa su andadura judicial. El Departamento de Justicia presentó ayer a tiempo su recurso de apelación ante la Corte del Distrito 9 de San Francisco, para intentar restaurar el decreto y ahora serán tres jueces —de tendencia progresista— los que decidirán si se mantiene la congelación de la orden dictada por un juez de Seattle o si, por el contrario, el gobierno de Trump convence de la necesidad y legalidad de la medida y se vuelve a aplicar el veto a migrantes.
En su texto, los abogados del Estado defendieron el hecho de que se trata de una medida “temporal” sobre la que el “presidente tiene autoridad”, ya que puede decidir sobre “entradas de extranjeros” y “acogida de refugiados”. Además, el documento, de 15 páginas, se escuda en la “protección contra ataques terroristas”, evitando hacer referencias religiosas que pudiera acusar a la medida de xenófoba y violadora de la primera enmienda de la Constitución.
Los demandantes, por su parte, hicieron lo propio para evitar que se volvieran a cerrar las puertas de entrada a millones de inmigrantes y refugiados. En su argumento, los abogados del estado de Washington destacaron el “caos” que generó y generaría la decisión y los “efectos positivos” que significó el cese temporal de la orden dictaminado por varios jueces por todo el país. Además, hicieron hincapié en la voluntad del presidente de “prohibir completamente la entrada de musulmanes”, que repitió durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca.
Se tiene previsto que hoy se celebre la primera audiencia, sin fecha definitiva de conclusión ni decisión del tribunal. Lo más probable es que indistintamente de cuál sea la decisión, el caso llegará al Tribunal Supremo, todavía con una vacante a la espera de la confirmación (o no) del conservador Neil Gorsuch.
