La orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir de manera temporal la entrada al país de personas procedentes de siete países de mayoría musulmana, constituye una amenaza al sistema internacional creado hace más de seis décadas y que ha servido para salvar la vida de millones de personas amenazadas por guerras y regímenes autoritarios.

El decreto de Trump podría tener un efecto dominó en los países abiertos a recibir refugiados como parte de un compromiso colectivo y de solidaridad global, alertan expertos. Después de todo, el peso de la crisis global desencadenada por el desplazamiento forzado de personas que escapan de la violencia recae en naciones con menos recursos que Estados Unidos.

De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 86% de los más de 50 millones de los refugiados del mundo son acogidos por países en desarrollo; y de ellos, casi la mitad vive en naciones en donde el PIB es menor a los 5 mil dólares. “Si la futura política de refugiados de Estados Unidos se basa en la limitada aplicación de “América primero”, ¿Por qué Líbano, Tanzania o centenares de otros países deben continuar recibiendo refugiados?”, sostiene Elizabeth Ferris, experta del centro de estudios Brookings, en un análisis sobre las implicaciones del veto de Trump.

“Estas acciones amenazan un sistema internacional cuidadosamente construido para responder a las personas que huyen de la persecución y los conflictos”, asegura. Siendo un año con elecciones clave en Europa, concretamente en Holanda, Francia, Alemania, y probablemente también Italia, hay preocupación por las consecuencias que puedan tener las acciones implementadas por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, las cuales han afectado a ciudadanos comunitarios con doble nacionalidad.

“A pesar de que la decisión política [de Trump] ha sido muy criticada y debatida en Europa y en otras partes del mundo, las preocupaciones de un efecto dominó están justificadas. Dentro de Europa, hay un fuerte sentimiento antirefugiados y antiinmigrante, tanto en la política como en la opinión pública, y que ha ganado terreno en los últimos años”, dijo a EL UNIVERSAL Charlotte Vandycke, directora de la organización para los Refugiados de Flandes.

Una lectura similar tiene José Ignacio García, director para Europa del Servicio Jesuita a Refugiados, quien está preocupado por el crecimiento de los partidos xenófobos y la posibilidad de que su avance se traduzca en políticas migratorias radicales. “Por el momento, no esperamos que ningún país europeo copie estas medidas, pero sí estamos preocupados”, señaló el representante de una ONG que brinda asistencia a personas en situación de desplazamiento en todo el mundo.

Las fuerzas de extrema derecha, serios contendientes al poder en Europa, recibieron con beneplácito el veto declarado por Trump. “No más migración de ningún país islámico es exactamente lo que necesitamos. También en Holanda”, sostuvo Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad, el cual aspira convertirse en la fuerza política más grande en los comicios de marzo.

“Lo que molesta a los medios de comunicación y los políticos es que Trump respeta sus compromisos y aplica su programa”, dijo por su parte Marine Le Pen, quien encabeza el Frente Nacional en las presidenciales francesas de abril y mayo.

La protección internacional de refugiados, solicitantes de asilo, desplazados y apátridas, se enmarca en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, instrumento implementado por ACNUR y que ha servido de escape de víctimas de encarcelamiento, tortura y ejecución como consecuencia de sus creencias políticas o religiosas, o su pertenencia a un determinado grupo étnico o social.

Líderes europeos, entre ellos la canciller alemana Angela Merkel, y el presidente francés François Hollande, descargaron su crítica contra la medida. “El terrorismo no tiene nacionalidad, la discriminación no es respuesta”, tuiteó el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ayrault.

Por su parte, la Comisión Europea, a través de su portavoz, Margaritis Schinas, sostuvo que la respuesta de Bruselas a las medidas de Trump será por lo pronto por la vía legal: “Nuestros abogados están en contacto con nuestros socios de la UE y otros, y por supuesto nos aseguraremos de que no se les inflija ningún tipo de discriminación a nuestros ciudadanos”, aseguró.

Vandycke y García coinciden en que la discriminación basada en la nacionalidad o la religión constituye una violación al derecho internacional y los valores fundamentales. “Dejar que los países vecinos inmediatos se hagan cargo de millones de refugiados [una cuarta parte de la población en Líbano son refugiados], mientras que los países occidentales apenas albergan 1% de la población desplazada, es absolutamente insuficiente”, sostiene Vandycke.

“La protección de las fronteras y el acceso seguro pueden ir de la mano. Con todo respeto a la soberanía de los Estados, el principio de ofrecer acceso seguro y legal a los ciudadanos que solicitan asilo debe asegurarse y hacerse valer en todo momento”, indica. Las medidas de Trump avivarán aún más la xenofobia y el ultranacionalismo que se expande en Europa, señalan los activistas.

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