Madrid ha comenzado estas navidades un plan piloto para cerrar su centro urbano a los automóviles y reducir la contaminación. La medida estrella es la prohibición de conducir por la Gran Vía, la avenida más concurrida de la ciudad.
Durante estas vacaciones, cuatro de los seis carriles del gran eje comercial de la capital española se están clausurando al tráfico mediante vallas, para que los peatones utilicen la calzada como prolongación de la acera. Los dos carriles centrales se reservan para transporte público, residentes, motos, bicicletas, huéspedes de hoteles, vehículos alquilados, los de “cero emisiones” y de paquetería. Todos, a 30 kilómetros por hora. Los cierres se amplían a otras calles importantes, como Mayor y Atocha.
En la Gran Vía se concentran las mayores tiendas del país, hoteles de lujo y teatros. La medida coincide con las fechas en las que recibe más visitantes por las compras de Navidad. La alcaldesa, Manuela Carmena, ha asegurado que su objetivo es peatonalizar definitivamente “gran parte” de la avenida antes de 2019.
Eso coronaría el plan de humanizar el rostro de la ciudad que alberga el nuevo ayuntamiento de Madrid, uno de los “ayuntamientos del cambio” gobernados por Podemos. En los presupuestos de los próximos años se incluye una partida para que las aceras de la Gran Vía sean permanentemente ampliadas, ocupando los cuatro carriles hoy cerrados con vallas. Carmena considera la peatonalización de los centros “un fenómeno mundial”, “imparable e interesante”, pero ha asegurado que esperará a que el 8 de enero de 2017 acabe el proyecto piloto para sacar conclusiones.
Más calles seguirían la medida. El nuevo modelo de movilidad urbana de Madrid privilegia el uso de bicicleta y la ciudad estudia reducciones de precio e incluso la gratuidad del transporte público en los días que la contaminación rebase los límites de seguridad. La asociación Ecologistas en Acción ha evaluado los niveles de dióxido de nitrógeno durante la primera semana de cortes y ha anunciado que la contaminación en la zona ha descendido por debajo de 100 microgramos por metro cúbico, cifras comparables con las de los grandes parques de la ciudad.
Aun así, la medida ha provocado una fuerte polémica. Muchos conductores se quejan de las congestiones en calles colindantes. La Asociación de Comerciantes de las calles Preciados, Carmen y Arenal (todas vías comerciales y peatonales cercanas a la Gran Vía) ha asegurado que las tiendas y negocios de la zona han tenido peores ventas que el año pasado. Sobre todo los aparcamientos de la zona aseguran que han sufrido graves pérdidas y han calificado la medida como “catástrofe”. Algunos grupos han respondido rescatando de las hemerotecas informaciones de cuando se cerraron a los coches esas mismas calles. “En 1969 los comerciantes se oponían a peatonalizar Preciados. Hoy es la calle más comercial de España. 50 años después la historia se repite”, explican desde Ecomovilidad.
La oposición a Carmena, liderada por la carismática política de derechas Esperanza Aguirre, ha convertido el proyecto en una declaración de guerra, a pesar de que anteriores alcaldes de derechas hicieron también intentos de cerrar la Gran Vía. Aguirre ha denunciado que la medida es un ataque contra “el derecho de los ciudadanos a usar sus coches” y ha calificado a quienes apoyan la medida como “fundamentalistas del ecologismo” y “políticos recelosos de la libertad de los individuos”.