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El relator de la comisión especial de senadores que analiza la viabilidad jurídica del juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recomendó en un informe publicado ayer que la mandataria sea juzgada por la Cámara Alta.
El senador Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), presentó ante la comisión de 21 senadores su informe de 126 páginas, en el que asegura que se cumplen “los requisitos legales y formales exigidos” para que Rousseff sea juzgada por un crimen de responsabilidad. La comisión de senadores votará el viernes si aprueba o rechaza el informe del senador y, en caso de que reciba el respaldo de una mayoría simple de parlamentarios, el proceso avanzará al pleno del Senado.
Por su parte, si una mayoría simple de los 81 senadores aprueba —probablemente en sesión la próxima semana— la apertura del impeachment, la presidenta será apartada del cargo por un máximo de 180 días, periodo en el que será juzgada por el Senado.
En ese escenario, que la prensa y buena parte de los analistas da como casi seguro, asumirá la presidencia el vicepresidente Michel Temer hasta que concluya el juicio político y, eventualmente, hasta el fin de la Legislatura en 2018 si Rousseff es hallada culpable.
“Hay un proceso de impeachment contra el cual lucho y lucharé en todas las instancias y con todos los instrumentos posibles, porque tengo la tranquilidad de no haber cometido crimen de responsabilidad”, dijo ayer la presidenta, en una referencia a que tratará de recurrir al Supremo Tribunal Federal (STF) para salvar su mandato.
Sin embargo, su situación se complicó aún más luego de que la fiscalía general solicitara al máximo tribunal del país que autorice una investigación por acusaciones de obstrucción de la justicia contra Dilma.
Ella es una de las 30 personas que fueron enlistadas en la petición del fiscal Rodrigo Janot, indicaron los principales diarios del país y la televisora Globo. Entre las otras se encuentran el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el abogado general José Eduardo Cardozo, así como el político opositor Aecio Neves —quien perdió ante Rousseff en la contienda presidencial de 2014—, y Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja y quien dio inicio a trámite al proceso de destitución de la jefa de Estado.
Los reportes noticiosos indican que se sospecha que Rousseff intentó socavar la investigación relacionada con el caso de corrupción de la compañía estatal Petrobras, al designar a Lula como su jefe de gabinete este año. La nominación de Lula fue suspendida posteriormente. Según el periódico O Globo, Janot acusa a Lula de ser el cabecilla detrás de la enorme red de corrupción descubierta en la petrolera.
