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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, está violando la Constitución y el Estado de derecho con el consenso al que llegó su Gobierno con las FARC para elevar a rango constitucional un eventual acuerdo de paz, denunció el procurador general.
Los negociadores de Santos y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron en La Habana un consenso para dar seguridad jurídica al acuerdo final de paz que firmen las partes y evitar que futuros gobiernos lo desconozcan o pretendan cambiarlo.
"Lo que su Gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la mesa de conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado", dijo el procurador general Alejandro Ordóñez en una carta enviada al presidente.
"Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter en forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno", sostuvo la misiva. "Invocar la paz no es una excusa para abolir el Estado de derecho en Colombia ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución", añadió.
De acuerdo con Ordóñez, el funcionario que se encarga de supervisar las acciones de los funcionarios públicos, con ese acuerdo Santos está violando normas y podría enfrentar consecuencias penales y disciplinarias.
De inmediato, no hubo ninguna reacción del Gobierno a los reparos del procurador general.
Horas antes, Santos había dicho desde Londres que el pueblo colombiano será el que decida en las urnas si aprueba o no el acuerdo final de paz con un mecanismo de refrendación que se deberá convenir con los insurgentes.
El Gobierno y las FARC están en la última fase de una negociación que comenzó a finales del 2012 y que pretende acabar con un violento conflicto que ha dejado 220 mil muertos y millones de desplazados en más de medio siglo.
jlcg
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