El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para la República Dominicana, Miguel Franjul, criticó hoy los excesos que, a su juicio, cometen agentes policiales o militares, entre ellos escoltas de funcionarios públicos contra periodistas.

Estos excesos, subrayó Franjul, director del Listín Diario, decano de los periódicos dominicanos, "se han hecho frecuentes en el momento en que se producen disturbios callejeros, en algunos juicios controversiales en los tribunales o en actos públicos masivos".

El periodista presentó hoy, previo a la inauguración oficial mañana de la asamblea de medio año de la SIP en Punta Cana (este dominicano), un informe sobre el estado de la libertad de prensa en la República Dominicana en el semestre octubre 2015-abril 2016.

Franjul afirmó que todavía predominan en el Código Penal dominicano, bajo revisión, "otros artículos que penden como espada de Damocles sobre la garganta de la libertad de expresión".

A la vez, manifestó, que contra esos artículos la SIP seguirá insistiendo para que sean eliminados del ordenamiento jurídico dominicano y los medios de comunicación puedan ejercer su misión sin estas cortapisas.

"Si bien la prensa se ha liberado de estas rémoras, es un hecho preocupante la recurrencia con que reporteros y fotoreporteros o comentaristas de radio y televisión sufren agresiones físicas o amenazas o se exponen a presiones de todo género, una tendencia en auge en los últimos años, coincidiendo con el incremento de las actividades del crimen organizado, los pandilleros y los delincuentes comunes", subrayó.

Recordó que recientemente, el fotógrafo Danny Polanco y la periodista Socorro Monegro, fueron heridos por disparos de escopetas y bombas de agentes policiales durante violentos enfrentamientos en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y frente a una oficina gubernamental contigua al Palacio Nacional, respectivamente.

Al mismo tiempo, denunció las amenazas de muerte contra varios periodistas de provincias por denunciar supuestos casos de corrupción en el manejo de recursos públicos en alcaldías, gobernaciones provinciales o dependencias del gobierno, o cuando difunden notas sobre las pandillas y los sometimientos de delincuentes en los tribunales.

Por otro lado, Franjul destacó que tras una espera de tres años, el Tribunal Constitucional (TC) dominicano anuló, a principios de 2016, siete artículos de la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, "desmantelando parcialmente el entramado de sanciones penales contra los llamados delitos de palabra que rige desde el 1962".

Con este fallo, afirmó Franjul, se anula el llamado "efecto cascada" por medio del cual el director de una publicación era considerado autor de un delito de difamación e injuria que hubiese sido responsabilidad de un tercero y que se comprobase en juicio, así como aquellos artículos que impedían a los medios publicar "denuncias o declaraciones dubitativas" que fuesen lesivas al honor de una serie de funcionarios públicos y diplomáticos, lo que francamente constituía una censura previa.

Por último, el director del Listín Diario denunció ante la SIP la decisión de la embajada de Estados Unidos de impedir hace unos meses el ingreso de los periodistas de Diario Libre a una actividad a la que había sido invitada la prensa local.

Diario Libre atribuyó el "discrimen", recordó Franjul, al hecho de haber publicado una fotografía en la que aparece el embajador James Wally Brewster, abiertamente homosexual, junto a su esposo y un grupo de amigos, bañándose en la piscina de la sede diplomática en la celebración del 'Día del Orgullo Gay".

ahd

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