J. Jaime Hernández. Agenda Washington

El Tribunal Supremo escuchará hoy finalmente los argumentos de la administración de Obama a favor de las órdenes ejecutivas que anunció en noviembre de 2014 para aliviar la situación migratoria de hasta 5 millones de indocumentados.

En su exposición, el gobierno defenderá la constitucionalidad de unas medidas que han sido impugnadas por una coalición de 26 estados bajo control republicano y que hoy mismo mantienen en el limbo a millones de personas.

Fuentes del Departamento de Justicia han asegurado que la administración Obama insistirá en su principal argumento a favor de sus órdenes ejecutivas.

Si se deja sin tocar la decisión del tribunal de apelaciones de Nueva Orleans, que se pronunció en noviembre del año pasado en contra de estas medidas, se permitirá que los estados impidan el cumplimiento del gobierno federal de las leyes de inmigración del país.

En otras palabras, de dejarse sin cambio el pronunciamiento de esta corte de Nueva Orleans, las cortes a nivel estatal podrían desafiar el cumplimiento de varios ordenamientos federales y no sólo en el frente migratorio.

El inicio de esta batalla ante el máximo tribunal de la nación, será seguido muy de cerca por una coalición de organizaciones defensoras de la causa inmigrante. Pero, además, por un puñado de legisladores que acudirán a las escalinatas del Tribunal Supremo para cerrar filas con aquellos que durante casi cuatro décadas han permanecido en las sombras, mientras las campañas de redadas y deportaciones siguen separando a miles de familias.

Tras este primer acto en la lucha a favor y en contra de las órdenes ejecutivas del presidente Obama, se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en junio próximo. Su decisión marcará un antes y un después en la lucha a favor de la causa migrante en Estados Unidos.

Se espera que más de 20 ciudades en Estados Unidos se sumarán hoy al clamor de aquellos que exigen mantener la vigencia de las órdenes ejecutivas anunciadas por el presidente Obama para proteger a los hijos de indocumentados que llegaron desde muy pequeños y que no conocen otro país.

Las medidas del presidente Obama también intentan arropar a los padres de esos jóvenes, los llamados Dreamers, para evitar la ruptura de las familias y la sinrazón de una crisis humanitaria que ha golpeado a millones.

La acción diferida para padres de ciudadanos Americanos y Residentes Permanentes Legales, un programa conocido como DAPA (por sus siglas en inglés), busca dar alivio a los padres de ciudadanos y niños con residencia permanente legal que han viviendo en el país por lo menos cinco años.

La expansión de la Acción Diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA (por sus siglas en inglés) tiene como fin dar alivio a jóvenes que llegaron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y antes de Enero del 2010, o que se graduaron o estén en el proceso de obtener su educación.

En medio de esta batalla, que decidirá la suerte de millones de inmigrantes indocumentados, los aspirantes a la nominación presidencial por el partido demócrata, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se han comprometido a mantener y expandir dichos programas de alivio migratorio.

En cambio, desde las filas republicanas, tanto Donald Trump como Ted Cruz han prometido “rescindir” y cancelar de forma inmediata los programas de DACA y DAPA.

Organizaciones como el Center For American Progress (CAP) dieron a conocer en junio de 2015 un estudio sobre el impacto a largo plazo de los programas DACA y DAPA. Según sus proyecciones, la expansión de ambos programas que ha defendido la administración Obama impactará positivamente a la economía con un beneficio de hasta 230 mil millones de dólares en los próximos 10 años.

tcm