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El gobierno brasileño incrementó ayer su presión ante los tribunales y la policía, ante el cerco que la justicia ha tendido alrededor del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, investigado por corrupción.
El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión cautelar que en la noche del viernes congeló el nombramiento de Lula como jefe de gabinete y que, en consecuencia, le privó del fuero privilegiado y permitió que su proceso siga en una corte común.
La decisión cautelar tomada por el magistrado Gilmar Mendes puso fin a un torbellino de sentencias sucesivas y contradictorias y supuso un mazazo para Lula, que ahora podría ser procesado por el riguroso juez Sergio Moro, el principal responsable del caso de corrupción en la petrolera Petrobras.
En su sentencia, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula, puesto que la fiscalía de Sao Paulo solicitó una orden de prisión preventiva, que aún no ha sido analizada por la justicia.
Esa decisión también fue un jarro de agua fría para el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien albergaba la esperanza de que Lula pudiera contribuir a frenar la desbandada de partidos aliados, en un momento en que se enfrenta a un posible juicio político que persigue su destitución. Ayer mismo, una encuesta realizada por la firma Datafolha reveló que 68% de los brasileños es favorable a la destitución de Dilma y sólo 27% está en contra.
La situación es cada vez más complicada para la mandataria y para Lula. En una entrevista que publica la revista Veja, el senador Delcidio Amaral, acusado de participar en la corrupción en la estatal Petrobras, aseguró que tanto Dilma como Da Silva conocían las irregularidades en la petrolera e intentaron bloquear las investigaciones de los fiscales. Además, dijo que las exitosas campañas presidenciales de Rousseff en 2010 y 2014 fueron financiadas con fondos provenientes del esquema de corrupción.
