Una nueva clase de ciudadanos está emergiendo en Venezuela: los patriotas cooperantes. Para el gobierno de Nicolás Maduro son los garantes de la revolución socialista que ponen a raya al ala más radical de la oposición. Pero sus adversarios sostienen que el término no es más que un eufemismo para el ejército de soplones con el que las autoridades buscan sembrar el miedo y evitar la disidencia.
No tienen rostro, ni identidad, pero sus testimonios son suficientes para iniciar causas legales plagadas de irregularidades, que erosionan la imparcialidad del sistema de justicia y el equilibrio de poderes de la democracia venezolana. Contraviniendo las leyes locales, decenas de venezolanos han sido procesados por estas denuncias anónimas, acusados de tener la voluntad de perpetrar un delito aun antes de intentar cometerlo.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Rodolfo González. Al regresar del cine, una noche de abril de 2014, funcionarios del servicio de inteligencia allanaron su apartamento en el este de Caracas y se lo llevaron esposado bajo cargos de ser “uno de los cerebros” de las protestas contra Maduro que, a principios de ese año, dejaron 43 fallecidos. El llamado que alertó a los agentes provino de un patriota cooperante anónimo que les suministró una grabación de audio de González que no ha sido presentada en el juicio y donde, supuestamente, el ex piloto comercial planeaba “actos desestabilizadores” contra el gobierno.
Esa misma noche, González, de 63 años, fue encerrado en un oscuro calabozo del servicio de inteligencia, Sebin, donde, casi un año después y sin que hasta ese momento se hubiese iniciado el juicio en su contra, se quitó la vida ahorcándose con su cinturón cuando estaban a punto de trasladarlo a una cárcel.
“Sin más pruebas ni investigaciones, sólo por el testimonio anónimo de un patriota cooperante, hemos cambiado radicalmente nuestras vidas”, lamentó Lissette, hija de González. Desde su oficina en una universidad de Caracas donde trabaja como profesora, Lissette insiste en la inocencia de su padre y dispara contra el gobierno. “Su estrategia es desmovilizar apostando al miedo. Si uno empieza a sospechar que cualquier cosa que digas puede terminar en una acusación, no te va a dar miedo marchar o protestar sino, incluso, hablar con el vecino”, caviló la socióloga.
El gobierno no respondió a las solicitudes de Reuters para hablar sobre el tema, pero en varias oportunidades ha elogiado a los patriotas cooperantes y hasta el propio Maduro ha invitado a sus huestes a sumarse. “Llamo al pueblo venezolano a que nos convirtamos en millones de patriotas cooperantes para garantizar la paz de este país, la estabilidad de este país”, dijo recientemente ante miles de adeptos.
Estado vigilante. Desde el retorno de la democracia a Venezuela en 1958, nunca se había fomentado desde el Estado la vigilancia y la delación entre ciudadanos. Pero todo cambió el 31 de marzo del 2011. Ese día, miembros del ejército detuvieron a dos nacionales y dos colombianos supuestamente dedicados a la minería ilegal tras ser avisados por dos “patriotas cooperantes”, según consta en el expediente del juicio. Fue el primer proceso en el que aparecieron individuos protegidos bajo aquella figura anónima.
Desde ese momento hasta 2013 fueron iniciados menos de una decena de casos judiciales por estos delatores sin nombre.
A partir de 2014, durante las violentas protestas contra Maduro, los casos originados por patriotas cooperantes empezaron a multiplicarse. De entonces a ahora, ha habido al menos 20 casos, según un recuento de Reuters ante la falta de estadísticas oficiales o de organizaciones civiles.
“Sin duda están aumentando [los juicios por delaciones de patriotas cooperantes]”, dijo el abogado José Vicente Haro, quien ha defendido a una veintena de personas inculpadas por patriotas cooperantes.
En las decenas de expedientes que cotejó Reuters, se asegura que los “patriotas cooperantes”, “testigos” o “informantes” no aportaron datos filiatorios en “resguardo de su identidad física” y por temor a “represalias”.
“Eso impide que el defensor pueda interrogar a esa persona en juicio para verificar sus dichos y contrastarlos con la realidad”, se quejó Haro. Tal procedimiento va contra la ley venezolana, que estipula que toda denuncia debe acompañarse de la identificación completa del acusador, excepto en operaciones encubiertas por casos de delincuencia organizada o terrorismo.
Quienes han padecido sus delaciones creen que hay dos tipos de patriotas cooperantes: los “amateurs” que cobran por la información suministrada y los “profesionales" que pertenecen a los servicios de seguridad del Estado.
Hoy, el poder Legislativo, controlado por la oposición, podría liberar a decenas de inculpados por los “patriotas cooperantes” si se aprueba la ley de amnistía que proponen. Pero el daño está hecho. “La mayoría de las personas que he conocido, de casos que he llevado, dicen: ‘Yo no quiero saber más de política’, se vuelven apolíticos y eso le hace daño a una sociedad”, aseveró Haro.