Interponen dos denuncias contra ejidatarios de Atenco

Dos denuncias penales fueron interpuestas contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), quienes fueron acusados de obstaculizar la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco y quemar materiales para la misma.

La Procuraduría de Justicia del estado de México inició dos carpetas de investigación, una de ellas por presunta obstrucción de los trabajos de construcción de la citada vialidad y la otra por supuestas agresiones a trabajadores de la obra.

El FPDT rechaza la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), por lo que impide la edificación de la autopista Pirámides-Texcoco en terrenos ejidales de Tocuila, vialidad que comunicará con la nueva terminal aérea.

En días pasados la empresa constructora Cypsa Vise denunció ante la Procuraduría mexiquense la presunta obstrucción del FPDT de las obras de construcción de la citada vialidad, en tanto que trabajadores de la misma denunciaron presuntas agresiones, ya que fueron expulsados violentamente de los predios por los activistas, algunos con machetes.

Integrantes del FPDT mantienen guardias en predios ejidales para evitar que se efectúen obras en los mismos; argumentan que está en proceso un amparo que interpusieron para evitar la afectación de sus tierras, que todavía no se ha resuelto.

El viernes los activistas inundaron los predios ejidales con aguas negras del río Texcoco, para evitar trabajos de construcción de la autopista y obras complementarias del NAICM.

Desde hace 15 días el FPDT inició acciones para rechazar obras en predios ejidales de su comunidad, por lo que expulsó a trabajadores y maquinaria de Nexquipayac y Tocuila, además de que quemó parte de los materiales utilizados para construir la autopista.

Las protestas de los ejidatarios tienen como objetivo que se suspendan tales trabajos, pues el trazo de la vialidad afecta sus tierras.

Los inconformes argumentan que interpusieron un amparo para impedir obras en sus parcelas, el cual aún no está resuelto y por lo tanto no pueden iniciar los trabajos.

“Se sigue cometiendo una violación al amparo que tenemos contra cualquier edificación en nuestras tierras  y no sólo las empresas constructoras  están cometiendo una grave falta legal, sino las mismas autoridades municipales, estatales y federales saben lo que está ocurriendo en los pueblos de la Orilla del Agua y callan como callan los cómplices que se enlodan con la impunidad y la injusticia”, afirmó el FPDT en un comunicado.