Aun cuando existen diversos indicadores, es el homicidio el más contundente entre ellos para interpretar, hoy día, la violencia dentro del amplio concepto del delito en México. Es a todas luces visto que las cifras, como lo revelan las fuentes oficiales, han ido en franco crecimiento. Permítanme ejemplificar esto con algunos datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), que exponen cómo se ha pronunciado la curva estadística de manera ascendente en los 12 años recientes.
Al iniciar el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, se registraron 11 mil 806 homicidios dolosos. A pesar de estrategias, programas y acciones emprendidas en seguridad pública, al cierre de su administración, en 2012, se llegó a 21 mil 459 defunciones de este tipo.
Infortunadamente, a lo largo del siguiente periodo sexenal, con la gestión de Enrique Peña Nieto, el indicador no disminuyó; alcanzó los 33 mil 341 casos.
Considerando estas circunstancias, en la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el homicidio doloso sumó en el primer semestre de 2019 más de 17 mil víctimas (SESNSP). Junio se ubicó como el mes de mayor incidencia, en comparación con años anteriores.
Aun cuando el homicidio exige estudios de orden jurídico, sociológico y criminológico, de seguridad pública, de procuración de justicia, administración de justicia y de readaptación y reinserción social; me atrevo a hacer algunas reflexiones sobre el tema.
I. Es menester, ya, abandonar la queja y dedicarse a implementar las acciones que corresponden a la escala y magnitud de esta ominosa circunstancia.
II. Reflexiono sobre los elementos utilizados para la comisión del homicidio y, con ello, me refiero principalmente a las armas de fuego. Considero un hecho casi probado el incremento en el número de estos instrumentos de muerte en manos de la población, comprendiendo desde los grandes grupos delincuenciales, hasta los medianos y los cientos o miles de pequeñas células. Esto incluye a los individuos quienes, como tales y para propósitos diversos, han adquirido estos dispositivos o artefactos.
III. Acaso nos hemos preguntado el porqué de su aumento y qué explica la facilidad de su adquisición, cuál es su procedencia y costo. Tan solo, de Estados Unidos ingresan a México 200 mil armas de forma ilegal según datos difundidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (EL UNIVERSAL, 25/07/2019). Urgen las respuestas.
IV. Indagando a mayor profundidad, ¿hemos identificado el hecho psicosocial que revela por qué las armas antes amedrentaban y hoy, con desenfado se aprieta el gatillo y se hiere o asesina muchas veces (siempre) sin razón alguna?
V. En esto, considero, deben basarse los estudios que habrán de dirigirse hacia la relación causal de los homicidios y su alta incidencia, entre las cuales, además de la presencia de este armamento letal, tiene lugar la impunidad. Recordemos que quien asesina, directa o indirectamente, lo hace a sabiendas de que ‘nada habrá de suceder’ y ‘nadie habrá de perseguirle’.
Consideraciones
Me pregunto si las instituciones académicas, abogados, sociólogos, antropólogos sociales, criminólogos y criminalistas, así como los policías, que los hay muy buenos, no podrían —y en poco tiempo— llegar a conclusiones en la materia. Más importante aún, integrar programas de acción rápida al respecto de lo aquí sugerido.
¿Qué pasaría si la Guardia Nacional, que progresivamente se extiende por la República Mexicana, llevara como comisión principal investigar sobre el ingreso de armas; del tránsito de ellas y, sin duda, si fuera esta corporación policial la responsable de ‘despistolizar’ a rajatabla a los poseedores de los ya referidos instrumentos de muerte?
Cuando hablo de este instrumental, me refiero desde la pistola más elemental calibre 22 de un tiro, hasta las Barret de 50 o los lanzagranadas MGL calibre 37 y subametralladoras de grueso calibre que observamos en poder de algunos grupos criminales.
A abogados, tanto dentro como fuera del Ejecutivo, un exhorto para revisar la ley y su oportuna, atingente y justa aplicación.
Es una llamada a la sociedad para que exija resultados. Nos los deben a todos.
Excomisionado nacional de Seguridad