El hecho de que el Congreso local y tres de los cinco municipios en Baja California hayan votado a favor de reformar su constitución local, a efecto de aumentar la duración del mandato del próximo gobernador —de dos a cinco años— es gravísimo.
Dicha reforma es inconstitucional hasta el tuétano; es decir, viola más de un precepto constitucional, entre los que destacan los principios democráticos de certeza electoral y definitividad de los actos electorales.
Nuestra Carta Magna ordena que las reglas de los procesos electorales sean establecidas noventa días antes de que inicie la contienda. Sin embargo, la regla sobre la duración del encargo del próximo gobernador en Baja California se estableció no sólo noventa días antes, sino que desde hace cinco años los aspirantes tenían conocimiento que la duración del próximo encargo sería para el ciclo 2019-2021.
Se estableció dicho periodo —tal y como ha sucedido en otras entidades federativas como Puebla y Veracruz— a efecto de homologar la próxima elección de gobernador con las elecciones federales y reducir así el costo y abstencionismo en los procesos electorales.
Es preocupante la forma en que se llevó a cabo dicha reforma, ya que la manera en que a los diputados locales les llegó el fervor de ampliar el plazo del próximo gobernador es por demás sospechoso.
Es importante mencionar que la declaración de validez de la reforma se realizó en lo oscurito, en una sede alterna, a puerta cerrada y con una convocatoria fuera de la Ley. Resulta inevitable pensar que hubo influencia externa para que los legisladores y presidentes municipales se comportaran de dicha forma.
Es menester recordar que no es la primera vez que el gobernador electo intenta ampliar el plazo de su mandato, ya que, en el mes de febrero, a través de una demanda ciudadana, intentó dejar sin efecto el plazo de dos años. En ese caso el Tribunal Electoral Local sospechosamente validó la nulidad del plazo. No obstante lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dicha sentencia.
Otro intento fue en el mes de abril, en donde el propio gobernador electo impugnó su registro como candidato. Nuevamente, el Tribunal Electoral Local le dio la razón y ordenó que en la convocatoria se estableciera que el plazo de gestión sería por seis años. Sin embargo, nuevamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó dicha resolución.
Varias voces han manifestado su desacuerdo con la multicitada reforma, una de ellas fue el Congreso de la Unión, quien —a través de su Comisión Permanente— se pronunció a favor de que se garantice el orden constitucional y el respeto al pacto federal; sin embargo, el Congreso local decidió hacer caso omiso.
Asimismo, algunos partidos políticos han anunciado que están en espera de que la reforma sea publicada para poder combatirla mediante acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será importante que las demás instituciones facultadas para presentarlas lo hagan, tal y como puede ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Presidente de la República, el cual, por cierto, ha evadido manifestarse.
Estoy segura que dicha reforma no entrará en vigor, ya que confío plenamente que será invalidada por nuestro más alto tribunal, sin embargo, dicha intentona sienta un precedente peligroso en nuestro país.
Senadora de la República