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El Congreso de Veracruz autorizó desde marzo pasado a los 212 municipios utilizar recursos públicos federales de 2017 para culminar obras de 2016, lo cual —alertaron especialistas fiscales—estaría violentando el presupuesto y diversos ordenamientos legales federales.
Sin haber mostrado evidencias de la autorización de autoridades hacendarias, los legisladores permitieron usar de esa forma el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del 2017.
Si las áreas utilizan esos recursos, se alertó, se estaría violentando el Presupuesto del 2017, la Ley de Disciplina Financiera y la de Responsabilidad Administrativa que entró en vigor el pasado 19 de julio, que establece que los recursos de un año fiscal no pueden utilizarse para otro distinto al autorizado.
De acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso, “se tomó esa decisión luego de que los recursos de ese fondo del año anterior fueron presuntamente desviados por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y jamás llegaron a los municipios que se quedaron con obras sin iniciar o inconclusas del ejercicio fiscal del 2016”.
Sin embargo, para el investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, si los alcaldes utilizan dinero del fondo de 2017 para iniciar o terminar obras de 2016, estarían incurriendo en una ilegalidad que deberán enfrentar cuando dejen el fuero de su cargo.
El economista alertó que esta situación supondría “una batidora financiera”.
De acuerdo con el artículo 7 del Presupuesto Federal del año pasado y de este, se establece que el capital que se asigne a los diferentes fondos federales y que no haya sido aplicado en el año fiscal, deberá devolverse a las arcas federales.
La autorización. En la Gaceta Oficial del Estado, con número extraordinario 110, se notificó el acuerdo mediante el cual los diputados autorizaron a los 212 ayuntamientos disponer de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de 2017 para pagar obras programadas con recursos del mismo fondo de 2016.
El acuerdo señala que aquellas obras que se incluyeron en el programa 2016 y no se iniciaron podrán incluirse en el Programa General de Inversión FISMDF o con cualquier otro fondo disponible, del Ejercicio Fiscal 2017.
En tanto, los diputados locales señalaron que se deberá finiquitar parcialmente, de manera técnica y administrativa las obras, suspender temporalmente las mismas y considerar su conclusión en el Programa General de Inversión 2017, conservando los mismos números de obra y contrato.
Además, se deberán incluir las obras en el Programa General de Inversión 2017, únicamente en cuanto a la inversión requerida, sin metas físicas, clasificándolas como “Terminación Financiera”.
Para utilizar los recursos del 2017 a obras de 2016, pusieron algunos requisitos extras, como tener registrados contablemente los compromisos derivados de la falta de ministración; contar con estimaciones del ejercicio 2016 en que se realizaron las obras; con número generadores y cuidando que los volúmenes estén debidamente ejecutados.
Así como contar con las facturas del ejercicio 2017, en virtud de que se pagarán con recursos de este año, integrar el expediente técnico y financiero de todo el proceso y que las obras cumplan con los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
Aunado a que tengan contablemente registradas las cuentas por cobrar de la Secretaría de Finanzas y Planeación y, cuando la dependencia realice las ministraciones adeudadas con sus respectivos intereses, tales recursos se catalogarán como “Remanente FISMDF 2016”, para aplicarse conforme a la normatividad respectiva.
Los municipios den la certeza de que los trabajos estén ejecutados, a través de sus Órganos Internos de Control e informarlo al Congreso del Estado, por conducto de las Comisiones Permanentes de Hacienda Municipal y de Vigilancia, y al Órgano de Fiscalización Superior.
“En este caso aplicarlo a años anteriores podría considerarse como pago de deuda o proyecto inconcluso y tendría que llevarse autorización de obra que no puede brincarse en dos aspectos importantes: Ley de Disciplina Financiera y Ley de Responsabilidad Administrativa”, abundó Arias Hernández.
Consultado al respecto, explicó que los proyectos de obras por iniciar o sin terminar en 2016 se tenían que realizar con recursos etiquetados de ese año, por lo que reprogramar las acciones de reconstrucción con pagos de 2017, se estaría invirtiendo doble vez en una sola obra.
“Debe haber mucho cuidado de los municipios y la misma Legislatura en no incorporar otros instrumentos de cocina financiera presupuestaria como es la batidora, porque pueden desatarse responsabilidades ineludibles porque son recursos federales”, advirtió el economista.
Precisó que aunque los proyectos de obra que nunca se iniciaron en 2016 se incorporen a 2017, constituiría un delito, puesto que en 2016 se etiquetó dinero para las mismas y se estaría invirtiendo nuevamente sin haberse comprobado el gasto anterior.
“Hago un exhorto a alcaldes, porque si se los autoriza la ONU y no una autoridad hacendaria, simplemente estarían incurriendo en responsabilidad legal”.
