Corrupción a gran escala, instituciones infiltradas por el crimen, miles de desaparecidos y un ex gobernador prófugo hacen de Veracruz una entidad “fallida” y al servicio de la delincuencia, sostiene International Crisis Group en un informe.

La organización con sede en Bruselas, Bélgica, y especializada en el manejo de crisis, afirma que el tercer estado más poblado del país sólo podrá recuperar su integridad mediante el apoyo federal y el acompañamiento de la comunidad internacional.

“Se necesitará un fuerte apoyo internacional para encontrar los cuerpos de los desaparecidos y transformar la policía y la Legislatura estatal”, indica el documento.

Los veracruzanos “se enfrentan a las devastadoras verdades de más de una década de violencia y corrupción a gran escala”.

Precisa que en Veracruz una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino de una campaña de violencia desenfrenada que se consolidó mediante el control de las instituciones judiciales y de seguridad.

Como saldo de una campaña caracterizada por “un torbellino de homicidios”, detalla, 2 mil 750 personas han desaparecido, según la fiscalía estatal, aunque organizaciones civiles estiman que la cifra podría alcanzar las 20 mil personas.

Además, señala, se silenciaron a abogados, policías, testigos y a todo el que tuviera el valor de poner freno a las ambiciones “de una depredadora empresa criminal”.

El informe sostiene que durante el gobierno de Fidel Herrera (2004- 2010) aumentó la influencia de Los Zetas, y con Javier Duarte (2010-2016) se fusionó la política y el crimen.

“El aparato estatal de Veracruz ha sido diseñado para crear, proteger y ocultar intereses criminales”.

El reporte Veracruz: reformar el estado de terror mexicano concluye con 16 recomendaciones dirigidas al gobierno estatal, federal, a la Organización de Estados Americanos, la ONU y a la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

La organización le pide a Yunes fortalecer la autonomía de la Comisión de la Verdad y no interferir con la fiscalía estatal; también aconseja a la administración del presidente Peña Nieto que apoye en la búsqueda de desaparecidos.

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