Apango. Atrapado en luchas políticas

Para llegar a esta comunidad hay que bordear por terracería el río Balsas y antes recorrer un tramo de la carretera México- Iguala. El sitio queda a una hora y media desde Chilpancingo. El pueblo es chico. Había poco más de mil habitantes y hoy quedan menos de la mitad. Varias casas lucen cerradas y uno que otro patio está abierto. La gente reposa en sillas. Los niños están en la escuela. El silencio permite escuchar el caudal.

Tlamamacan es una comunidad indígena de Mártir de Cuilapan, en Guerrero, municipio electo por el gobierno federal para iniciar, como programa piloto en 2013 y después como política pública específica, la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

En Mártir de Cuilapan desde hace cinco meses, conocido como Apango, la alcaldesa Felícitas Muñiz no despacha en el ayuntamiento por un conflicto político que exige su salida por parte de funcionarios y pobladores; la acusan de desvíos de recursos.

La pareja Reyes reposa en su casa de Tlamamacan. No hablan español, sólo náhuatl, pero un vecino traduce sus palabras. Explican que no tienen fertilizante suficiente para sembrar maíz, no hay medicamentos si se enferman y si es de gravedad, pagan hasta 700 pesos para ir al doctor a Mezcala, una localidad aledaña que pertenece a Eduardo Neri. No les interesa mucho la política, confiesan, “es todo lo mismo”.

La casa de la pareja, de 70 años, está construida de cemento y tabiques. Declaran tener una hija que trabaja en Estados Unidos y les manda dinero. La mayoría de los habitantes tiene hogares hechos con materiales de construcción, porque se dedican a la artesanía. Hacen jarros, floreros, alhajeros y vasos, pintados con la técnica de esta región: finos trazos con retratos naturales. Otros hacen bisutería.

Santiago Evangelista Campos, un artesano de este pueblo, afirma que les cuesta mucho obtener apoyos gubernamentales. “Aquí siempre ha habido problemas con los presidentes. Uno llega y el anterior u otros lo quieren quitar. Ha tenido avance quien sale a vender, quien por su cuenta le busca, pero yo pienso que no es por la Cruzada Nacional”, cuenta.

A este municipio, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) destinó 13 millones 593 mil 224 pesos con 13 centavos para 426 acciones, en una primera etapa, que operarían distintas secretarías; por ejemplo, del programa Piso Firme, 2 millones 931 mil 992; 704 acciones del programa Empleo Temporal, con 600 mil pesos, por mencionar algunos rubros, cuya aplicación las autoridades municipales no han sabido desglosar a la población.

Desde el 17 de mayo un grupo de habitantes, encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras mantienen tomado el ayuntamiento y promovieron ante el Congreso local, en junio, un juicio de revocación de mandato contra la alcaldesa Felícitas Muñiz por corrupción, desvío de recursos y nepotismo.

En estos cinco meses ha habido varias disputas entre grupos. La edil vive en Chilpancingo y algunas veces va a su municipio, según se sus detractores. Ellos irrumpieron en tres ocasiones en casas de sus simpatizantes y las saquearon. Rompieron vidrios de inmuebles propiedad de Muñiz y le quemaron una camioneta. Ella denunció violencia política de género.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó la violencia política de género. Ordenó a autoridades locales restituir el mandato a Muñiz; el Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, aseguró ante esta decisión que acataría la ley y si era necesario desalojaría a los inconformes.

Ella presentó la denuncia por supuestos actos de acoso, obstrucción y violencia en su contra y que le impiden el ejercicio de su cargo. El TEPJF resolvió los expedientes SUP-JDC-1773/2016 y SUP-JDC-1806/2016. Ordenó al síndico, regidoras y regidor involucrados que se abstengan de cometer actos de violencia política y de género. El 20 de octubre exigió que se restablezcan las condiciones para que regrese a la alcaldía.

Continúa inconformidad

En la cabecera de Mártir de Cuilapan, Apango, permanece el movimiento a pesar de la determinación del TEPJF. Las señoras hacen sopa frente al ayuntamiento y aún se observan cubetas y materiales, que la alcaldesa acusa saqueó este grupo. La munícipe dice que robaron más de un millón 600 mil pesos. “Se llevaron todo, mesas, sillas y cucharas, atendíamos a 120 personas diarias por el comedor y ahora a nadie”, dice.

Desde agosto, según Felícitas Muñiz, no llegan las despensas de la Sedesol para abastecer al comedor comunitario que fue robado por sus detractores y desde hace más de cinco meses que se mantiene el movimiento en su contra, robustecido por el ex alcalde Crisóforo Nava y el dirigente del PRI en Apango, Pedro Ángel Salazar, quienes la acusan de no comprobar en su anterior periodo como edil (2009-2012) 22 millones de pesos y 4.5 en el primer trimestre de esta gestión.

Los integrantes del Frente Ciudadano de Apango aseguran que hay complicidad de autoridades estatales, porque desde su anterior periodo saqueó el presupuesto de ese municipio. De acuerdo con Edita Nava, hija del ex alcalde: “El Congreso no ha querido resolver la petición que se hizo, el pueblo está inconforme”.

Como evidencia mostraron el oficio de la Auditoría General del Estado (AGE)-OC-CA-002/ 2014, de fecha 12 de mayo del 2015, en donde establece que no comprobó en esa instancia 8 millones de pesos de un pozo de agua que perforó en su primer periodo y que no funciona; 8 millones de pesos de una unidad deportiva y 3 millones en la remodelación de un corral de toros, ni un millón de pesos que le pagó a su ex regidor de Desarrollo Rural, Gregorio Chavarría, por un predio que éste le vendió.

Felícitas Muñiz, del partido Movimiento Ciudadano, es entrevistada en Chilpancingo, afirma que son falsas las acusaciones y muestra fotografías donde el grupo de inconformes está quemado su camioneta, saqueando casas de su propiedad donde hacen pintas contra ella: “Chita puta”, entre otras y dice que es violencia política de género.

Señala que la están extorsionando. Del presupuesto para obras de Apango, el cual este año asciende a 32 millones de pesos, quieren 10 millones: “Hay un boicot en mi contra”. No tiene presentes las cifras de la Cruzada Nacional. Dice que ese programa inició con el ex edil José Guadalupe Ocampo y que ella operaba el comedor, atendían a 120 personas diarias.

“Aquí en el municipio hay 53% de población indígena, que sivas a las otras comunidades vas a encontrar sin obra, hay doctores, pero no medicinas, es la situación que se ha vivido durante 25 años”, comenta.

De las mayoría de las 19 comunidades de Mártir de Cuilapan, los habitantes marcharon en mayo contra la edil porque aseguran que ganó la elección “comprando votos y consciencias”, como el director de Asuntos Indígenas, Flores Allende Montiel, a quien no le paga desde hace nueve quincenas. “Nosotros no nos vamos a ir del movimiento porque la señora debe mucho al pueblo, sería grave que el fiscal nos quiera desalojar”, dice. Tanto a él como al señor Francisco López, quien vigilaba unos pozos inservibles a la salida de la cabecera municipal, que se hicieron con dinero de la Federación, no les paga sus sueldos, denuncia.

En unos días el fiscal tiene que resolver el juicio promovido. Los habitantes creen que el conflicto crecerá.