Derivado de los enfrentamientos que se registraron en la comunidad indígena Yaqui, en Bácum, Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al comisionado Nacional de Seguridad y al secretario de Gobierno del estado que implementen medidas cautelares para garantizar la integridad física de los involucrados.
El 21 de octubre, yaquis que se manifestaban tanto en contra como a favor de la construcción del Gasoducto Sonora se enfrentaron, con un saldo de un muerto, ocho lesionados y 13 vehículos incendiados; en la riña participaron al menos 400 indígenas.

Integrantes de la tribu promovieron el 29 de octubre un escrito de queja ante la CNDH, porque el grupo opositor, principalmente mujeres, teme agresiones en su contra.
El organismo exhortó a las partes involucradas en el conflicto a manifestar sus inconformidades y resolver la problemática dentro del respeto a los derechos humanos, privilegiando el diálogo y la tolerancia.
Las autoridades federales y la Secretaría de Gobierno aceptaron las medidas solicitadas y se comprometieron a realizar acciones para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos.
La Secretaría de Gobierno giró oficios al titular de Seguridad Pública y al procurador de Justicia, así como a los alcaldes de Bácum, Cajeme y Guaymas para que implementen las acciones correspondientes.
El 24 de octubre, Miguel Pompa Corella, secretario de Gobierno, informó que un fiscal especial se encargaría de investigar los hechos.
Autoridades tradicionales de siete de los ocho pueblos yaquis acordaron en asamblea firmar un convenio con Gasoducto de Agua Pritea IEnova, empresa constructora; sin embargo, la asamblea de Loma de Bácum exigió una consulta pública y rechazó el paso de los ductos por su territorio.
Personal de la constructora afirmó que cuentan con los permisos y continuarán con las obras cuando se garantice seguridad en la zona.