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El gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó más de 9 millones de pesos por un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH-Sida para mujeres embarazadas, que resultaron inservibles al dar resultados falsos.
Estos estudios formaron parte del Programa de Salud Maternal y Perinatal para la determinación de anticuerpos en suero y plasma, o suero, plasma y sangre total anti VIH1 y VIH2.
De acuerdo con una denuncia penal interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en 2014 y notificada a la Contraloría General del Estado —cuya copia posee EL UNIVERSAL—, funcionarios de la Secretaría de Salud y Asistencia adquirieron en una licitación pública el lote de pruebas.
Sin embargo, la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud detectó que daban falsos positivos y negativos, por lo que ordenó a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardarlas para que el proveedor las recogiera y las repusiera.
Según los documentos, la empresa Comercio y Servicios Administrativos del Golfo SA. de CV. simuló la reposición y sólo cambió las cajas de empaque, pues tenían el mismo número de lote de las anteriores.
Sin embargo, la administración duartista pagó 9 millones 49 mil pesos a la empresa, por lo que el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación y notificó los hechos a la Contraloría General del Estado.
La historia de corrupción. De acuerdo con el oficio número SESVER/DAJ/DCA/AP/4303/2014, el 30 de diciembre de 2011 el área de Servicios de Salud contrató a la empresa que ganó la licitación pública.
Se adquirieron 70 mil pruebas rápidas con un precio unitario de 111.45 pesos y un importe total de 7 millones 800 mil pesos, cantidad que, tras agregarle el IVA, suma un total de
9 millones 49 mil pesos.
Para el 30 de julio de 2012, la directora de Salud Pública de Servicios de Salud de Veracruz, Irasema Lagunes, generó la circular número 1064/DSP/SPCE/DSR/2012 para solicitar a las 11 Jurisdicciones Sanitarias resguardar las pruebas rápidas para facilitar “la tarea del proveedor para recolectaras y reponerlas”.
El 11 de diciembre de ese año, el subdirector de Control y Prevención de Enfermedades, Alejandro Escobar, notificó que las pruebas habían sido canjeadas y redistribuidas a las jurisdicciones sanitarias.
No obstante, en la tarjeta informativa número 522, el funcionario advirtió que en las jurisdicciones de Cosamaloapan, Xalapa y Córdoba se presentaron nuevamente inconsistencias en el producto y resultaban inválidas, con falsos negativos e incluso contaban con el mismo número de lote, lo que evidenció sólo un cambio de empaque.
Ante la alerta, directivos de los hospitales generales de Ciudad Isla y Cosamaloapan, entre otros, reportaron falsos positivos, mientras que en Córdoba se reportó que se habían aplicado 10 pruebas rápidas en pacientes cero positivos confirmados (personas infectadas con VIH), pero dieron negativos, por lo que determinaron no distribuir el total.
Al hacer una investigación interna, se descubrió que en octubre de 2012, la empresa “repuso” pruebas y al hacer una comparación con los kits proporcionados anteriormente se comprobó que la fecha de caducidad era la misma de las pruebas rápidas enviadas en la primera partida.
El entonces secretario de Salud, Pablo Anaya, conoció las irregularidades a través de la tarjeta informativa número 533, emitida el 21 de diciembre del 2012 y que señalaba:
“Las pruebas adquiridas en 2011 presentaron defectos y fueron cambiadas por el proveedor y fueron redistribuidas en las 11 jurisdicciones sanitarias en octubre de 2012, no obstante, existe el reporte de que nuevamente las pruebas presentaron fallas y son inválidas”.
Pese a las evidencias, el 17 de mayo de 2013 el subdirector de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud, Víctor Manuel Estudillo, rindió un informe pormenorizado de movimientos financieros en el que se comprobó que la dependencia pagó el lote de pruebas.